En Colombia los ríos han sido la base que sostiene la generación de energía eléctrica. El 70 % de la energía eléctrica del país proviene de fuentes hídricas, según la Unidad de Planeación Minero Energética (UPME), pero en los ríos donde se levantan represas y pequeñas centrales hidroeléctricas, las comunidades indígenas, afro y campesinas han perdido más de lo que han ganado.
Desde 1997, el 14 de marzo, Día Internacional de Acción por los Ríos, recuerda que estas obras, lejos de ser solo infraestructura, han transformado ecosistemas, desplazado poblaciones y alterado formas de vida que dependían del agua. Entre la expansión de estos proyectos y el derecho a la consulta previa, la deuda con los pueblos sigue pendiente.
Esta fecha nació como una respuesta global a la expansión de las hidroeléctricas y, sobre todo, como una forma de visibilizar sus impactos en los principales ríos del mundo. Desde entonces, cada año, las comunidades afectadas recuerdan lo que estos proyectos significan en términos ambientales, sociales y culturales, y es un llamado a la solidaridad con las comunidades afectadas por estas obras.
Un día para resaltar que los ríos sostienen vidas. Conectan montañas y océanos, pero también territorios y comunidades. Alterar su cauce no es solo una cuestión ambiental: es transformar la historia y el futuro de quienes dependen de ellos.
La dependencia del agua para la generación eléctrica ha implicado décadas de construcción de represas y centrales hidroeléctricas en el país. Desde la década de 1970, según Paratec, empresa que maneja el mercado de la energía en Colombia, se empezaron a construir las 32 represas hidroeléctricas que actualmente hay en el país, entre ellas Urrá I, La Salvajona, Hidroogamoso, Betania, San Carlos, Alto Anchicayá e Ituango.
A estos proyectos se suman las Pequeñas Centrales Hidroeléctricas (PCH), diseñadas para aprovechar ríos menos caudalosos y generar entre 1 y 20 megavatios de energía. Aunque su infraestructura es menor, y no implica cortar el curso de un río con una gran pared de cemento para represarlo, es importante no perder de vista que son obras que igual implican la instalación de infraestructura dentro de los ríos. Pueden alterar el cauce, afectar la fauna y su instalación transforma el entorno ambiental y social de las comunidades, como se explica en el informe “Pequeñas centrales hidroeléctricas (PCH) en el Oriente del departamento de Caldas. “Impactos ambientales y resistencias sociales en el posconflicto””, de la Universidad de Caldas.
Para finales de 2014, según el Registro de Proyectos de Generación de la UPME, existían 74 PCH en el país, es decir, más del doble de las grandes hidroeléctricas. Para el 2025, no es claro el panorama de la cantidad de Pequeñas Centrales Hidroeléctricas en el país.
Proyectos hidroeléctricos y derecho a la Consulta previa
Las Mega hidroeléctricas y las PCH antes de ser planeadas por el Estado, deben respetar y reconocer el derecho a la Consulta Previa Libre e Informada de las comunidades étnicas y campesinas, y su consentimiento sobre la instalación de estos proyectos. Se trata de proyectos hidroeléctricos que han generado y siguen generando un impacto irreversible en la vida de los ríos, los ecosistemas aledaños y las comunidades que ahí han vivido.
Sin embargo, la realidad de muchas comunidades étnicas y campesinas de nuestro país ha sido precisamente el desconocimiento de este derecho y la imposición de estas obras.
Solo como algunos ejemplos tenemos que, aún, hoy en día, están pendientes la reparación territorial y ambiental a las comunidades indígenas Embera Katío por las afectaciones de la represa Urrá I en el río Sinú. Esta central hidroeléctrica se empezó a construir en 1993, en 1996 empezó la desviación del río Sinú y la construcción del embalse, con su consecuente proceso de inundación sobre el Resguardo Embera Katío del Alto Sinú, y finalmente entró en funcionamiento en el 2000. La represa de Urrá, según los informes “Adiós río. La disputa por la tierra, el agua y los derechos indígenas en torno a la represa de Urrá” DeJusticia y “Kimy espíritu de un río” del Grupo Internacional de Trabajo sobre Asuntos Indígenas (IWGIA), es recordada como uno de los episodios recientes más violentos contra el pueblo emberá Katío. Su construcción y entrada en funcionamiento está atravesada por el desplazamiento de comunidades enteras del pueblo emberá katío que actualmente viven desarraigadas en la ciudad de Tierra Alta, el asesinato de líderes indígenas (sarras) que dieron la lucha frente a esta obra, como son los recordados Kimy Pernía y Lucindo Domicó y la transformación violenta y despojo de todas las tierras del Alto Sinú.
Así mismo, las comunidades de los cincos Consejos Comunitarios de la cuenca del río Anchicayá, afectadas en el 2001 por el vertimiento de más de 500.000 toneladas de lodo, por la apertura no planificada de las compuertas de la represa hidroeléctrica Anchicayá , iniciaron en el 2005 una demanda para exigir la reparación por estas afectaciones, caso que llegó hasta CIDH y que aún está en proceso de materializarse.
Cada hidroeléctrica en Colombia tiene su propia historia de transformación territorial, donde las comunidades afectadas han realizado procesos de resistencia. La población indígena, afrocolombiana y campesina han visto alteradas sus formas de vida sin que sus voces sean escuchadas. La consulta previa, un derecho fundamental, sigue siendo ignorada en muchos de estos proyectos.
Para hacer visible esta realidad, Akubadaura creó el Observatorio Nacional de Consulta Previa Libre e Informada (ONCPLI), un sistema de información que documenta el cumplimiento —o incumplimiento— de este derecho en los territorios indígenas, afrocolombianos, raizales y palenqueros.
En el marco del Día Internacional de Acción por los Ríos, Akubadaura presenta el estado de los procesos de consulta previa en proyectos hidroeléctricos en el país. Hasta abril de 2024, el observatorio ha identificado 14 proyectos en distintas fases del proceso.
Además de estos 14 proyectos en proceso de consulta, el Observatorio registra dos procesos en etapa de seguimiento. Uno está relacionado con el cumplimiento de la Sentencia T-652 de 1998, que ordenó la protección de los derechos del pueblo Emberá Katío tras la construcción de Urrá I. El otro corresponde a la implementación del plan de manejo ambiental de la Hidroeléctrica del Bajo Anchicayá, en Buenaventura. Ambos casos reflejan una constante: la consulta previa no termina con la aprobación del proyecto, y su cumplimiento sigue siendo una deuda pendiente.
De los 16 proyectos hidroeléctricos con procesos de consulta registrados, cinco están en ríos del departamento de Chocó y tres de ellos impactan la cuenca del río Atrato. Las principales afectadas son comunidades indígenas de cuatro resguardos del pueblo Emberá y un consejo comunitario afrodescendiente. En estos territorios, la consulta previa no es solo un trámite, sino una lucha por permanecer en su propio territorio.
El Cauca es el segundo departamento con más procesos de consulta relacionados con proyectos hidroeléctricos. La mayoría están en fase de cierre o desistimiento, pero su impacto sigue vigente. Once comunidades del pueblo Nasa en Suárez, cuatro del pueblo Kokonuko en Puracé y seis consejos comunitarios en Guapi —Río Napi, Río Aguají, Unicosta, Renacer y San Francisco— han enfrentado estos procesos. En cada caso, la consulta previa ha sido un escenario de resistencia frente a proyectos que transforman su territorio y su forma de vida.
La mayoría de los 16 proyectos hidroeléctricos con procesos de consulta registrados afectan territorios del pueblo Emberá. Entre ellos están el Resguardo Emberá Katío de Sabaleta y los Resguardos Emberá Katío La Puria y El Doce Quebrada Borbollón, en el municipio de El Atrato; el Resguardo Unificado Emberá Chamí Río San Juan, en Tadó; el Resguardo Emberá Katío del Alto Sinú; el Resguardo Emberá Chamí Dachi Dura, en Buga; y el Resguardo Emberá Chamí Loma de Citabara, en Mistrató. Estos territorios han sido el epicentro de disputas entre el desarrollo energético y el derecho a la permanencia en la tierra.
Cuadro completo: Procesos de Consulta Previa en sus diferentes etapas por proyectos relacionados con energía hidroeléctrica. Observatorio Nacional de Consulta Previa Libre e Informada. Datos con corte de Abril/2024. Fuente de los datos: Dirección de Autoridad Nacional de Consulta Previa Min. Interior
La relación sagrada con el agua
Para los pueblos indígenas, el agua y los ríos no son solo recursos, son parte de su existencia. Cada comunidad les da un significado desde su ley de origen y cosmovisión.
Para el pueblo Misak, el páramo es más que un ecosistema: es el hogar de sus ancestros y autoridades espirituales, el lugar donde comenzó la vida y se forjó su identidad. El agua que nace allí es sagrada, símbolo de origen y equilibrio. Sus ríos, vistos como las venas del territorio, no solo alimentan la tierra, también reflejan la salud física y espiritual de su pueblo.
Cuando un río “se enferma”, cuando su caudal disminuye o su agua pierde fuerza, algo más que el paisaje cambia. Para los Misak, es una señal de desequilibrio social y espiritual. Según la sabiduría de sus ancianos, cada río tiene un espíritu (Mosik) y debe ser respetado. Si crece de forma repentina y desbordada, se cree que su espíritu reclama una vida humana para restablecer el orden.
En la visión Misak, la naturaleza y los seres humanos no están separados. Cuidar el agua, la tierra y el territorio no es solo una cuestión ambiental, sino un acto de respeto a la vida y a los equilibrios que sostienen su comunidad.
Para el pueblo Inga, los ríos no son solo corrientes de agua. Son grandeza, espiritualidad y vida. Alimentan la tierra, sostienen la agricultura y garantizan la supervivencia. Son las arterias de la Pacha Mama, por donde circulan los nutrientes y la energía que mantienen el equilibrio de la naturaleza.
Por eso, sus comunidades han construido sus asentamientos junto a ríos, quebradas y cascadas. No es una decisión al azar, es un reconocimiento a su valor sagrado y a la relación inseparable entre el agua y la vida.
Un río sano mantiene el equilibrio del territorio. Su caudal intacto garantiza biodiversidad, sustento y la continuidad de las comunidades que dependen de él. Para los pueblos indígenas, el agua no es solo un recurso, es parte de su vínculo con la tierra.
Cuando un río se enferma, el impacto va más allá de su cauce. La contaminación y la degradación del ecosistema alteran la vida de quienes lo rodean. La salud, la economía y la estabilidad comunitaria se resienten. Un río deteriorado no es solo un problema ambiental, es un síntoma del deterioro del territorio y de quienes lo habitan.
A continuación, les compartimos un poema Misak sobre el nacimiento del Agua:
