Reporte alerta sobre violencia y vulneración de derechos en territorio del pueblo Wayúu
En el marco de la Primera Conferencia Internacional para la Transición Más allá de los Combustibles fósiles, que inició ayer en la ciudad de Santa Marta, la Comunidad de Juristas Akubadaura presenta el 4° reporte del Observatorio Nacional de Consulta Previa, que evidencia la crítica situación que enfrenta el pueblo Wayúu por los intereses del Estado de mantener dentro de su territorio la extracción de recursos fósiles e instalar grandes proyectos eléctricos de fuentes renovables.
Entre 2005 y 2024 se realizaron más de 4.200 procesos de consulta previa con comunidades Wayúu, lo que arroja un promedio de 223 consultas anuales durante 19 años consecutivos. El 80 % de estos procesos corresponden a los sectores eléctrico, minero e hidrocarburos y se concentran en los municipios de Uribia, Maicao y Riohacha. Este periodo ha estado marcado por la fragmentación del territorio ancestral, debido a barreras físicas como la Ciudadela del Cerrejón, que alberga a más de 10.000 empleados, parques solares y eólicos con aerogeneradores de hasta 120 metros de altura, e infraestructura de transmisión eléctrica que recorre todo el departamento, además de la contaminación y privatización de fuentes hídricas, la vulneración de la soberanía alimentaria y graves hechos de violencia, como asesinatos selectivos y masacres.
En ese sentido, estos procesos de consulta durante casi dos décadas, más que tratarse de diálogos entre autoridades territoriales para llegar a consensos, han sido diálogos desbordantes e inequitativos para las comunidades y autoridades indígenas Wayúu.
Adicionalmente, estos procesos de consulta se han desarrollado en un contexto político global contradictorio: mientras se busca reducir la dependencia de combustibles fósiles, aumenta la demanda de tierras y la explotación de recursos en territorios indígenas para implementar proyectos que permitan avanzar hacia la transición energética.
Más allá de los datos que dimensionan esta crisis de vulneración de derechos, el reporte expone la necesidad de que este nuevo contexto discursivo y práctico de la transición energética no reconfigure en detrimento el marco de derechos fundamentales de los pueblos étnico-territoriales.
Dentro de escenarios de toma de decisiones se hace énfasis en que cada Estado debe avanzar aceleradamente hacia una transición energética, sin poner el mismo énfasis en los ajustes o reforzamiento que deben hacer los Estados a los marcos jurídicos ya construidos para proteger los territorios étnicos frente al aumento de la explotación de minerales raros y expansión de megaproyectos eléctricos eólicos y solares.
Es precisamente esto lo que Akubadaura advierte sobre la 1° Conferencia sobre transición energética, que convoca a delegados de más de 45 países y 2.600 organizaciones, pues la agenda de debate (centrada en dependencia económica, oferta y demanda de combustibles fósiles y cooperación internacional) ignora de manera explícita un pilar de debate fundamental: la protección de derechos territoriales de comunidades étnicas y campesinas frente a la minería de transición.
Para Akubadaura, esta ausencia de debates en torno a la construcción de marcos jurídicos para la defensa derechos territoriales de comunidades étnicas y campesinas, en escenarios internacionales, muestran la manera en que se priorizan intereses externos y globales, desconociendo derechos ya ganados por los pueblos que defienden su derecho al territorio, a su existencia y a tener modos de vida diferentes.
El llamado persiste: el reconocimiento y garantía del derecho a la consulta, a la libre determinación y a otros derechos territoriales de los pueblos indígenas, deben ser una prioridad para el Estado colombiano, y de los otros países del mundo, si se quiere avanzar hacia una real transición energética.
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