En Colombia, el conflicto armado no ha terminado. Cambian los actores armados, transforman los métodos, pero la violencia persiste. En el Día Nacional de la Memoria y Solidaridad con las Víctimas, desde la Comunidad de Juristas Akubadaura ponemos el foco en los pueblos indígenas y comunidades étnicas, víctimas históricas de una guerra que los ha golpeado con mayor fuerza. La desproporción del daño, el abandono institucional y la persistencia del conflicto en sus territorios siguen siendo asuntos sin resolver.
Colombia es uno de los países con más víctimas en el marco del conflicto armado en el mundo. Junto a Sudán y Siria, figura entre los primeros países con mayor número de personas desplazadas internamente. En medios de casi 10 millones de víctimas reconocidas, cabe una pregunta necesaria: ¿qué pasa con las víctimas colectivas e individuales de los pueblos indígenas?
Según cifras del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), en 2018 más de 1,9 millones de personas se autoreconocieron como indígenas en Colombia, pertenecientes a 115 pueblos. Son el 4,4 % de la población nacional, lo que no solo refleja la diversidad cultural del país, sino también la profundidad del daño causado por el conflicto armado. Según el Registro Único de Víctimas (RUV), 664.291 personas indígenas han sido registradas como víctimas, lo que indica que más del 34 % de esta población ha sido afectada por la guerra. Una cifra que, en términos proporcionales, es alarmante y que podría ser aún mayor ante el subregistro causado por el miedo a denunciar, la falta de información, las barreras institucionales, el control de actores armados que imponen el silencio en los territorios, las dificultades de acceso a las rutas de atención para personas que no hablan castellano como lengua principal, entre otras razones.
Pero las cifras no alcanzan a dar cuenta de lo que ha sucedido. La Corte Constitucional y la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad (CEV) han documentado lo que ya era evidente en los territorios: el conflicto ha golpeado con una intensidad mucho mayor a los pueblos indígenas. El Capítulo Étnico del Informe Final de la CEV lo refiere así:
«La desproporción de la violencia, los daños del conflicto armado y las violencias históricas contra los pueblos étnicos, debido a la sobrerrepresentación de víctimas de pueblos étnicos, en lo que respecta al total de población étnica y a la drástica disminución de la población de algunos pueblos y territorios (varios incluso han desaparecido o cuentan con muy pocos habitantes). La desproporcionalidad queda también manifiesta en el acumulado de daños y violencias de los distintos actores armados, que ha generado graves afectaciones a la pervivencia cultural como pueblos, a la existencia como colectivo, a la transmisión de conocimiento intergeneracional, a sus formas de gobierno y organización, y al territorio»
El desplazamiento forzado y el confinamiento no han cesado. En los últimos meses, se ha agudizado la violencia en zonas como Buenaventura, en el Catatumbo y Chocó. En Buenaventura, familias indígenas han sido forzadas a dejar sus territorios. En el Catatumbo, los pueblos Barí de los resguardos Ñatubaiyibari y Catalaura enfrentan amenazas, control social, vigilancia y agresiones constantes.
Por ello, aunque el acuerdo de paz firmado entre el Gobierno colombiano y la extinta guerrilla de las Farc representó una esperanza para los pueblos indígenas, así como la promesa de paz y diálogos con otros actores armados, la violencia a raíz del conflicto armado permanece en sus territorios. Las cifras lo demuestran: según Indepaz, en lo corrido de 2025, han sido asesinados 8 líderes indígenas, y 23 más perdieron la vida en 2024. Cada muerte, amenazas, y hostigamiento no solo silencia una voz: rompe una comunidad, lo que tiene un impacto colectivo en sus pueblos.
Lo advirtió una autoridad indígena del departamento de Córdoba, en uno de los testimonios recogidos por la Comisión de la Verdad:
«Decía alguien por ahí que asesinar a un líder indígena es tan impactante como asesinar diez líderes de una comunidad, de una ciudad o un pueblo, por la dificultad que tienen estos pueblos de que se formen líderes que puedan manejar ambas culturas. Entonces ellos saben eso, saben que la destrucción de un líder de una comunidad indígena es un golpe fatal para esa comunidad»
A esto se suman las dificultades y bajo nivel de implementación del Acuerdo de Paz en su capítulo y componentes étnicos. Frente a ello, el Instituto Kroc en su más reciente informe “Un llamado a la acción: Tercer informe especial sobre el estado de implementación del enfoque étnico del Acuerdo Final”, señaló que el estado de los 80 compromisos con enfoque étnico, el 13 % estaba sin iniciar, el 61 % se encontraba en estado mínimo, el 14 % fase intermedia y solo el 13 % había sido completado. El tiempo corre, pero los compromisos no avanzan al ritmo que exige la urgencia de los territorios.
Proteger los liderazgos indígenas y a sus comunidades —en específico a mujeres, niñez y jóvenes frente al reclutamiento y otras violaciones de derechos humanos— es una necesidad urgente. Al mismo tiempo, es necesario avanzar en la implementación del Acuerdo de Paz en su capítulo étnico, con indicadores claros y la implementación de medidas específicas para pueblos indígenas y la asignación de recursos como se acordó en el Plan Nacional de Desarrollo. En este camino, reforzar y avanzar decididamente con los Planes de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET), cerrar la brecha de implementación en los territorios étnicos, y garantizar la participación efectiva de las autoridades tradicionales y de los delegados del Mecanismo Especial de Consulta, es fundamental. Sin su presencia activa, la promesa de transformación territorial queda incompleta.
Akubadaura reconoce que a pesar de las violencias, los pueblos indígenas no han dejado de resistir. Su aporte a la paz no está solo en los discursos: está en su permanencia en los territorios, en la transmisión de sus lenguas, en el cuidado de la tierra, en el sostenimiento de su cultura, está en las propuestas y acciones que contribuyen a la sociedad. Hoy, 9 de abril, la memoria no se puede quedar en el gesto simbólico; se requieren acciones para saldar la deuda con los pueblos indígenas, que sigue abierta.