Ser niño, niña o adolescente indígena en el país es crecer en riesgo. Entre 2020 y 2024, al menos 606 menores de edad fueron reclutados por grupos armados ilegales, según Indepaz. En Chocó y Guaviare, donde la violencia sexual ha convertido a las niñas en víctimas constantes, el suicidio es la última forma de escape: sólo en 2024, cuatro jóvenes indígenas en Bojayá se quitaron la vida en medio del conflicto.
La vinculación forzada de menores de edad en el marco del conflicto armado sigue siendo una de las principales violaciones a los derechos humanos en Colombia, pero no la única. La Defensoría del Pueblo ha alertado sobre la creciente vinculación de niños, niñas y adolescentes a estructuras armadas ilegales, una práctica que afecta de manera desproporcionada la pervivencia de los pueblos indígenas.
Y es que los niños, niñas y adolescentes indígenas son particularmente vulnerables al reclutamiento debido a la precariedad económica de sus comunidades, el desarraigo causado por el desplazamiento forzado y la falta de acceso a educación y oportunidades. Según el Observatorio de Memoria Conflicto, con corte a septiembre de 2024, 18.182 menores de edad fueron reclutados durante el conflicto, muchos de ellos indígenas.
Junto con las problematicas derivadas del conflicto armado, está, para las niñas, la violencia de género, el acceso limitado a la educación, la maternidad infantil y el suicidio, temas que se entrelazan en un escenario de exclusión y desprotección. El Sistema Integrado de Información de Violencias de Género (SIVIGE), plataforma del Ministerio de Salud y Protección Social de Colombia, reportó 3.295 casos de violencia contra mujeres indígenas en 2023 y 2.882 en 2024. Aunque la cifra total muestra una disminución, los patrones de agresión no han cambiado: la violencia física y sexual siguen siendo las principales formas de ataque, con más de 900 casos de violencia sexual en 2024, muchos de ellos contra niñas menores de seis años.
La información sobre brechas de género en mujeres y niñas indígenas sigue siendo limitada en las bases de datos nacionales, especialmente cuando se requiere un análisis por pueblo étnico. Sin embargo, a partir del censo de 2018 del DANE, se logró identificar diferencias significativas en el acceso a la educación entre niños y niñas indígenas.
El análisis a partir del censo 2018, centrado en los pueblos Embera y Nükak, con los que Akubadaura tiene mayor incidencia, evidencia que las niñas en edad escolar (desde los 5 años) presentan una brecha educativa de hasta el 40% en comparación con los niños. Esta diferencia se acentúa a partir de los 12 años, una etapa en la que se registra una caída general en la escolaridad de la población indígena, pero que afecta con mayor fuerza a las niñas.
Por otro lado, el suicidio es la expresión más extrema de la falta de oportunidades. Desde hace más de una década, organismos como la CEPAL y la OPS han alertado sobre su incremento en comunidades indígenas de América Latina. En Colombia, el Instituto Nacional de Medicina Legal advierte en su informe “Suicidios en mujeres en Colombia, 2015-2019” que los grupos étnicos—incluidos pueblos indígenas, afrodescendientes, raizales, palenqueros y rom—registran las tasas más altas. La falta de acceso a recursos y oportunidades en sus territorios, señala el documento, es un factor determinante.
Pero la tragedia comienza aún más temprano. En 2022, una niña Embera de 8 años se quitó la vida para evitar ser reclutada por un grupo armado. El panorama en 2024 sigue siendo alarmante. Según un comunicado de la Defensoría del Pueblo emitido en noviembre del 2022, en octubre una niña y tres jóvenes indígenas del resguardo Opogadó-Doguadó, en Bojayá, Chocó, se suicidaron. Además, la entidad constató cuatro intentos adicionales en la misma zona.
Anteriormente, entre enero y junio del año en mención, seis menores indígenas más (tres niñas, un niño y dos jóvenes) tomaron la misma decisión en distintas comunidades del departamento, en medio de la disputa territorial entre el ELN y las AGC. La violencia, el confinamiento, el desplazamiento y la ruptura del tejido cultural han convertido la infancia indígena en un territorio de desesperanza.
De igual manera, un informe de febrero de 2024, elaborado por las organizaciones regionales indígenas del Chocó, con el apoyo de la Corporación Comunidad de Juristas Akubadaura, advirtió sobre las consecuencias del conflicto armado en la salud mental de los pueblos indígenas.
“Muchas comunidades indígenas viven en una constante zozobra, miedo y angustia frente a una realidad de violencia, abuso, asesinatos y mutilaciones. Los territorios, que son fuente de vida y abundancia, se han convertido en espacios de difícil vivencia, sin acceso a los mínimos recursos de subsistencia. La presión de la violencia en los territorios—conflicto armado, minería, desplazamiento—ha generado una correlación directa con el incremento en la tasa de suicidios y otras problemáticas de salud mental”, señala el documento.
El informe expone cómo la ruptura del tejido social, la presencia de grupos armados y la disputa territorial han convertido la vida en estos territorios en una lucha constante contra la desesperanza. La ausencia de garantías estatales, advierten las organizaciones indígenas, sigue dejando a las comunidades sin mecanismos efectivos para enfrentar la crisis de salud mental que atraviesan.
El reclutamiento forzado de niños, niñas y adolescentes indígenas trasciende la violencia directa y altera profundamente la estructura de sus comunidades. Desde la Línea de Género y Poblaciones de Akubadaura, se advierte que esta práctica afecta sus formas de gobierno, control social y derechos territoriales, además de debilitar valores espirituales, conocimientos ancestrales y redes de comunicación y educación. La privación del contacto comunitario genera daños individuales y colectivos, algunos irreversibles.
“El Auto 09 de 2015 reconoció que los menores de edad indígenas reclutados son más vulnerables a la violencia sexual, una agresión que, en muchos casos, impide su retorno a las comunidades debido al estigma que sufren quienes regresan con hijos nacidos de esa violencia. A su vez, las familias de las víctimas enfrentan estigmatización y riesgo de desplazamiento forzado”, explica Nancy Millán, coordinadora de la Línea de género y Poblaciones de Akubadaura.
Millán advierte que el impacto del reclutamiento no se limita a quienes son obligados a unirse a grupos armados. “Las restricciones de movilidad en sus propios territorios dejan a niños, niñas y jóvenes sin espacios para desarrollar sus prácticas culturales, lo que profundiza la crisis de identidad y el miedo a ser reclutados. En muchos casos, esto deriva en conductas suicidas”, explica.
Para la coordinadora, esta situación es un golpe directo contra la pervivencia de los pueblos indígenas. “El vínculo entre reclutamiento y suicidio está extinguiendo a estas comunidades de manera acelerada”, concluye.
La protección de la niñez indígena en Colombia es un reto que exige una respuesta coordinada entre el Estado, las comunidades y la sociedad civil. Akubadaura ha identificado que la ausencia de medidas efectivas de protección han aumentado la vulnerabilidad de los niños, niñas y adolescentes indígenas frente al reclutamiento y las diversas formas de violencia estructural.