El pasado viernes 30 de agosto, el Congreso de la República fue el escenario de la audiencia pública Niñez indígena: Restablecer derechos para la vida y la pervivencia cultural y física de los pueblos, sobre la situación, en muchos casos desgarradora, de la niñez indígena en Colombia. El representante a la cámara, por parte de Circunscripción Especial Indígena, Norman David Bañol dio apertura al evento, que comenzó con un ritual de armonización indígena. Este acto simbólico de la sabiduría tradicional de los pueblos, marcó el inicio de una serie de intervenciones de líderes y lideresas indígenas, representantes estatales y defensores de derechos humanos, quienes abordaron los retos que enfrenta esta población en el contexto del conflicto armado y el abandono estatal.
“Debemos garantizar la pervivencia de los pueblos en esta Colombia plurietnica y multicultural”, dijo Ninfa Herrera Dominguez, quien hace parte de la coordinación de la Comisión de Mujeres de Autoridades Tradicionales Indígenas de Colombia – Gobierno Mayor, a lo que complementó que se deben reivindicar los derechos de la niñez indigena protegiendo los saberes ancestrales. “Tenemos sistemas propios de protección y prevención”, concluyó.
La moderación del espacio fue realizada por Lina Marcela Tobón Yagarí, directora de la Comunidad de Juristas Akubadaura. Tobón explicó que durante esa semana, específicamente el 26 de agosto, se conmemoró el Día de la Niñez Indígena, una fecha importante para abordar el seguimiento y la situación de la niñez indígena en Colombia. Durante la audiencia se discutieron temas como la protección de los derechos de la niñez indígena, salud, educación, transmisión de conocimiento, participación y cultura, recuperación territorial y la violencia sexual en contextos urbanos.
La intervención de Nancy Millán, coordinadora de la Línea de Género y Poblaciones de Akubadaura, fue clave. Millán presentó un informe elaborado por el Observatorio de Consulta Previa de la organización, titulado: Derechos en diálogo: Consulta previa para la adopción de niños, niñas y adolescentes indígenas. El documento reveló fallas en el manejo de los procesos de adopción de menores indígenas en el país. Señaló cómo, en algunos casos, el Ministerio del Interior había tratado estos casos con el mismo enfoque que aplica a proyectos de infraestructura o minería, los Proyectos, Obras o Actividades (POA), ignorando los derechos colectivos de las comunidades indígenas.
“El Observatorio Nacional de Consulta Previa Libre e Informada de Akubadaura busca contribuir al derecho de acceso a la información pública, que todas las autoridades indígenas, comunidades y la ciudadanía en general, deben conocer para defender el derecho a la consulta previa libre e informada. Hemos encontrado que, aunque el Ministerio del Interior publica información sobre los Proyectos, Obras o Actividades sujetos a consulta previa, esta información no es accesible ni comprensible para las comunidades y autoridades indígenas. En este sentido no se está respetando ni se está cumpliendo el derecho de acceso a la información necesaria para que las comunidades puedan tomar decisiones informadas, que es parte del sentido de la consulta libre previa informada, afectando el propósito de la consulta previa libre e informada”, explicó Millán.
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Además, Akubadaura denunció que datos personales de menores indígenas habían sido publicados en la página web del Ministerio del Interior, vulnerando su derecho a la protección de la información. Millán calificó este hecho como una muestra de cómo la consulta previa se ha convertido en un trámite administrativo, alejándose de su función original de proteger los derechos colectivos.
Tras la presentación de estos hallazgos, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) respondió a las preocupaciones expuestas por Akubadaura a través de la Subdirectora General, Adriana Velásquez Asprilla, quien reconoció los vacíos señalados y expuso las acciones que el Instituto ha tomado para corregir estas falencias. Anunció que el ICBF solicitó al Ministerio del Interior retirar la información de los menores de su página web, y también mencionó que se están actualizando los sistemas del ICBF para garantizar que los procesos de adopción respeten los derechos de los pueblos indígenas.
Velásquez subrayó la necesidad de avanzar hacia una política pública con enfoque diferencial étnico para proteger los derechos de la niñez indígena. A pesar de los esfuerzos del ICBF por trabajar con las autoridades indígenas y mitigar los riesgos de reclutamiento forzado, admitió que los desafíos siguen siendo grandes.
A lo largo de la audiencia, representantes de otras organizaciones indígenas coincidieron en la urgencia de alinear las políticas públicas con las realidades culturales de los pueblos indígenas. Ignacio Castañeda, del Consejo Regional Indígena del Tolima, habló sobre la crisis en salud, educación y seguridad alimentaria en los territorios indígenas, y exigió que el Estado actúe con mayor rapidez y compromiso.
Al final de la audiencia, se acordó que las entidades estatales se reunirán nuevamente en septiembre para hacer seguimiento y evaluar los avances en la implementación de las medidas discutidas. En esa próxima reunión, se revisará el cumplimiento de los compromisos adquiridos por cada una de las instituciones involucradas, con el fin de garantizar que se aborden de manera efectiva las problemáticas expuestas sobre la protección de los derechos de la niñez indígena, incluyendo la coordinación entre el ICBF y el Ministerio del Interior.
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