Foto: “Niños caminan sobre el oleoducto en El Diviso, municipio de Barbacoas, Nariño”. Enero 2022. Foto: Julia Matildelina/ Tomada del Colectivo Maloka y Andrés Gómez Tarazona (Periódico El Turbión)
El pasado seis de septiembre, la Corporación de Juristas Akubadaura presentó una intervención ante la Corte Constitucional en defensa de los derechos fundamentales del pueblo Awá, en un contexto donde la explotación de los recursos naturales y los impactos del conflicto armado han transformado sus territorios.
Por: Línea de Litigio Estratégico de Akubadaura
La acción de tutela, presentada por la Asociación de Autoridades Tradicionales del Pueblo Awá (UNIPA), en contra de Ecopetrol S.A, CENIT S.A.S, la Agencia Nacional de Licencias Ambientales, Corponariño, la Fiscalía General de la Nación, entre otras autoridades locales, busca que la Corte reconozca las afectaciones causadas por el Oleoducto Transandino (OTA), una estructura que desde 1969 atraviesa, con 305 kilómetros, los departamentos de Putumayo, desde Orito, hasta Nariño, en Tumaco, y varios de los veinte resguardos indígenas de este pueblo.
El caso, que está en revisión por parte de la Corte Constitucional, expone que el Oleoducto, operado por Ecopetrol y su filial CENIT, ha provocado graves daños ambientales en el territorio del pueblo Awá, afectando los ecosistemas, las fuentes hídricas esenciales para la comunidad, los lugares de siembra para su alimentación, las actividades económicas y, no menos importante, las áreas espirituales y los sitios sagrados.
Los 447 incidentes sistemáticos de derrame de petróleo ocurridos en los últimos diez años, junto al de 2015, considerado el peor desastre natural registrado en el país y descrito por el entonces ministro de Ambiente Gabriel Vallejo como una “tragedia incalculable”, se suman a las dinámicas del conflicto armado que han generado desplazamientos, masacres y graves violaciones a los derechos humanos.
El concepto realizado por Akubadaura ante la Corte, no solo cuestiona la falta de acción del Estado frente a los daños provocados por el Oleoducto, sino que también resalta la ausencia de una consulta previa, libre e informada en los procesos que afectan al pueblo Awá. “La urgencia de garantizar el acceso efectivo a la justicia por parte de la Corte Constitucional ante los reiterativos bloqueos institucionales y prácticas inconstitucionales del sistema judicial que impiden el goce pleno de sus derechos como sujeto de especial protección”.
Akubadaura expone que se ha observado, desde el Estado cómo a lo largo de la historia del Oleoducto Trasandino, se ha promocionado una única visión del territorio, incentivando y justificando la priorización del proyecto de hidrocarburos y otros similares por encima de las consideraciones de los Awá. No ha existido un diálogo real que permita a las comunidades participar en las decisiones que afectan su territorio y sus derechos.
El OTA es un símbolo de las tensiones entre los proyectos extractivos y las comunidades indígenas. Los líderes del pueblo Awá han manifestado que, desde su construcción, el oleoducto ha sido fuente de conflictos y afectaciones a su cultura y subsistencia. Las denuncias que se han presentado a lo largo de los años no han sido suficientes para detener los derrames de petróleo, ni para asegurar medidas de reparación efectivas.
Por ello, Akubadaura recomendó la adopción de medidas de mitigación, reparación, restauración y protección integral del Katsa Su (gran territorio del pueblo Awá) desde un enfoque de derechos étnico-territoriales, por medio de la defensa del derecho a la consulta previa, libre e informada, que siga los estándares internacionales de participación en materia de este derecho.
De esta manera, la Corte Constitucional ahora enfrenta el reto de decidir sobre esta tutela, en un contexto donde se reclama justicia para los pueblos indígenas y donde las empresas extractivas como Ecopetrol y CENIT, responsables del OTA, deben rendir cuentas por los impactos de sus operaciones, así como adecuar sus políticas de funcionamiento a los Principios Rectores sobre las Empresas y los Derechos Humanos de Naciones Unidas.
Este caso del pueblo Awá no es un incidente aislado. Las tensiones entre las comunidades indígenas y los proyectos de extractivistas son un tema recurrente en Colombia, donde el desarrollo económico ha prevalecido históricamente ante los derechos de los pueblos étnicos. Con más de 32 pueblos indígenas en riesgo de exterminio físico y cultural como consecuencia del conflicto armado y las violaciones a los derechos humanos de los que han sido víctimas, según la Corte Constitucional, y siendo el pueblo Awá uno de ellos, este fallo podría sentar un precedente importante en la protección de los derechos colectivos y ambientales en el país.
La decisión que tome la Corte en los próximos meses tendrá un impacto en los derechos del pueblo Awá y en el futuro de las políticas extractivas en Colombia. Mientras tanto, las comunidades indígenas esperan que la justicia reconozca sus derechos y que el diálogo sobre el futuro de sus territorios se realice garantizando medidas de reparación y restauración ambiental, permitiendo que el pueblo Awá recupere su relación con el territorio, para asegurar la pervivencia de su cultura.