En Colombia, según el Registro Único de Víctimas (RUV), más de 226 mil mujeres indígenas han sido víctimas del conflicto armado, enfrentando desplazamientos, violencia sexual y la pérdida de su identidad. Este 5 de septiembre, Día internacional de la mujer indígena, es un momento para rememorar, no sólo como un ejercicio de memoria, sino como un llamado a la sociedad y al Estado para reconocer las violencias específicas que siguen enfrentando, así como la necesidad de políticas públicas que protejan sus derechos y garanticen justicia.
Durante el conflicto armado, el cuerpo de las mujeres indígenas ha sido utilizado como un territorio más en disputa. Los diferentes grupos armados han ejercido todo tipo de abusos y discriminaciones contra ellas. En muchos casos, el no hablar castellano, el desconocer sus derechos y las barreras para acceder a la justicia, han sido factores que silencian aún más sus voces. Ser mujer e indígena las coloca en una posición de vulnerabilidad extrema, donde el racismo y el sexismo se han combinado para despojarlas no solo de su dignidad, sino de su territorio, cultura y sus vidas.
El Decreto Ley de Víctimas 4633 de 2011 relacionó las violencias sexuales con tácticas bélicas, como la prostitución forzada y el uso del cuerpo de las mujeres como una herramienta de control.
“Las mujeres indígenas sufren daños físicos, psicológicos, espirituales, sexuales y económicos causados, entre otros, por la violencia sexual ejercida como estrategia de guerra y como consecuencia de la presencia de actores externos, la explotación o esclavización para ejercer labores domésticas, el reclutamiento forzado de sus hijos e hijas, el asesinato o desaparición de quien les brinda su apoyo económico, la discriminación, acentuada en el contexto del conflicto armado, y el desplaza- miento forzado”, dice el Decreto.
Sin embargo, a pesar de los esfuerzos por visibilizar estas violencias, la historia sigue mostrando cómo muchas de ellas quedan sin justicia. La Corte Constitucional, explica el informe étnico de la Comisión de la Verdad (CEV), en su Auto 092 de 2008, recogió las voces de mujeres, niñas y adolescentes indígenas que fueron víctimas de estas violencias. A pesar de las denuncias, las barreras para acceder a una justicia efectiva persisten.
Por ejemplo, el caso de una joven indígena Embera reclutada por las FARC-EP, que hace parte del informe de la CEV, resume lo que muchas otras mujeres vivieron. Fue amenazada, violada y quedó embarazada como resultado de estos abusos. Su historia, como tantas otras, quedó impune, escondida en la oscuridad del silencio que las estructuras de poder impusieron sobre sus voces.
La violencia sexual se convirtió en una táctica de guerra, utilizada tanto para satisfacer los deseos de los combatientes como para demostrar control sobre los territorios. Por ellos, este 5 de septiembre, Akubadaura invita a que el Día internacional de la mujer indígena sea un espacio para recordar y rememorar estas historias. No como un ejercicio de nostalgia, sino como una acción de memoria, un compromiso de no olvidar.
Porque en cada uno de estos relatos se encuentra la historia de un pueblo que ha resistido, y en cada una de las mujeres indígenas que vivió y sobrevivió estas violencias, está la memoria de un país que aún debe sanar.
