Acciones jurídicasGénero y poblacionesJusticia Económica y Redistributiva

Intervención de Colombia en la Audiencia El derecho a la consulta y el consentimiento previo, libre e informado de los pueblos indígenas

En e l marco del 177 Periodo de Sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

Honorables Comisionados y Comisionadas, y demás organismos y organizaciones sociales participantes, un cordial saludo:

A pesar de ser un Estado pluriétnico y multicultural, y de los avances jurisprudenciales que reafirman a la Consulta Previa en Colombia, como un Derecho, un deber y una oportunidad para el dialogo interétnico y la construcción de paz, así como para evitar riesgos y daños innecesarios en los territorios, la comprensión de este Derecho desde la función pública y diversos sectores empresariales del país, sigue siendo muy limitada y distante de las normas, fallos judiciales e instrumentos internacionales que la regulan, así como de las realidades de nuestros ecosistemas y territorios ancestrales.

Desde el mismo gobierno nacional que debería garantizar las Consultas, se viene promoviendo con insistencia, un discurso sobre las mismas como un derecho desgastante y costoso, cuando muchas de ellas se realizan a consecuencia de decisiones unilaterales del gobierno, de delimitar polígonos mineros, bloques petroleros y proyectos hidroeléctricos o agroquímicos, en territorios ancestrales y ecosistemas frágiles del país.

Se promueve además la Consulta, como un derecho de minorías privilegiadas que atenta contra el Desarrollo, declarando a sus defensores como enemigos del crecimiento, y exponiendo sus vidas a riesgos de seguridad, a pesar de ser un derecho que no solo protege la pervivencia de nuestros Pueblos y territorios, sino de los ecosistemas que nutren de agua, oxígeno y semillas a las grandes poblaciones del país, mientras promueve la construcción de paz y ayudan a mitigar los efectos adversos del cambio climático.

Los actuales intentos de reglamentar la consulta previa, se realizan a espaldas de los Pueblos Étnicos, aprovechando vacíos normativos en la materia, extralimitando competencias de funcionarios públicos y concentrando facultades en el Ministerio del Interior, para definir el alcance del derecho y sus procedimientos. El Decreto 2353 de 2019, el “Procedimiento de Gestión de la Consulta Previa”, el “Protocolo de Coordinación Interinstitucional para la Consulta Previa” y la Directiva Presidencial 08 de este mismo año tienen en común que:

  • Reducen el diálogo intercultural, a un mero requisito rápido, para facilitar la entrada de proyectos industriales a nuestros territorios.
  • Asume las Consultas como un derecho residual y subordinado a los derechos particulares del sector privado.
  • Desconoce el papel de los pueblos étnicos, en la definición de los lineamientos y metodologías para las Consultas, para entregarlo a una autonomía exagerada del Ministerio del Interior.
  • Desconoce el principio de adecuación cultural de las consultas, que exige armonizarlas a los calendarios y Ley de Origen de nuestros Pueblos, así como a nuestro ordenamiento territorial, Planes de Vida, Salvaguarda y Etnodesarrollo.
  • Entorpece el análisis profundo y participativo de riesgos y beneficios, de los proyectos, políticas y normas a consultar.
  • No promueve en forma objetiva y verificable la búsqueda del consentimiento, ni la transparencia informativa de las iniciativas a consultar.
  • No garantiza la participación efectiva de las mujeres de los pueblos étnicos, ni la valoración de los riesgos diferenciales que los proyectos, normas o políticas nos puedan generan.

Lo que nos revictimiza y violenta, amenazando nuestra pervivencia y la construcción de paz, mientras atenta contra la fragilidad de los ecosistemas y la integridad hídrica y alimentaria de todo el país.

Por lo que urge que el Estado Colombiano derogue estas reglamentaciones, por inconsultas, lesivas a nuestra pervivencia, y transgresoras, del bloque de constitucionalidad colombiano y de los instrumentos de protección internacional en la materia.

Igualmente, es fundamental que el Estado colombiano avance en la incorporación del enfoque étnico diferencial en todas sus disposiciones, y en la consulta de reformas públicas como la del acceso a recursos públicos del Sistema General de Regalías, respetando todos los acuerdos logrados con mucho esfuerzo por nuestros Pueblos, para tal fin.

Licencia Creative Commons
Esta obra está bajo una Licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional.