Foto: Archivo Akubadaura, vereda Caño Cumare de San José del Guaviare, asentamiento Pueblo Nükak
En medio del creciente debate sobre la expansión de los mercados de Carbono en América Latina y el Caribe, las organizaciones indígenas somos protagonistas en la lucha por la justicia ambiental. Somos portavoces, con nuestros conocimientos ancestrales, de la importancia de preservar la naturaleza frente a intereses comerciales.
En este sentido, es de vital importancia la audiencia regional, realizada el pasado 28 de febrero, en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) número 13, que marcó un paso significativo en la lucha por los derechos de nuestros pueblos indígenas y comunidades de América Latina y el Caribe. Enfocada en los impactos de la expansión de los mercados de Carbono en nuestros territorios, la sesión destacó casos emblemáticos en Brasil, Guyana, Perú y Colombia.
Las organizaciones presentes fueron: de Perú la Federación de Pueblos Indígenas Kechwa Chazuta Amazonía (FEPIKECHA), el Consejo Étnico de los Pueblos Kichwa de la Amazonía (CEPKA), la Federación de Pueblos Indígenas Kechwas del Bajo Huallaga San Martín (FEPIKBHSAM), Coordinadora de Desarrollo y Defensa de los Pueblos Indígenas de la región San Martín (CODEPISAM), Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (AIDESEP) y el Instituto de Defensa Legal (IDL).
De Guyana la Amerindian Peoples Association (APA); de Brasil la Coordinación de Asociaciones de comunidades remanentes de indígenas Quilomberos (Malungu). De Colombia el Centro de Estudios de Derecho, Justicia y Sociedad (Dejusticia), y representantes de organizaciones internacionales como la Forest Peoples Programme y Fundación para el Debido Proceso.
Las organizaciones sociales y jurídicas presentes, tanto nacionales como internacionales, destacaron los impactos adversos en los territorios indígenas. Desde la Federación de Pueblos Indígenas Kechwa Chazuta Amazonía (FEPIKECHA) en Perú hasta la Amerindian Peoples Association (APA) en Guyana, expusieron las preocupaciones compartidas sobre la amenaza que representan estos mercados para los derechos fundamentales y territoriales.
Desde Akubaraura destacamos la ponencia de la abogada peruana Cristina Gavancho León, quien aprovechó la oportunidad para solicitar a la CIDH desarrollar modelos específicos y promover políticas estatales en línea con el Acuerdo de Escazú y estándares internacionales. Su solicitud instó a que la relatoría especial sobre los Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales (DESCA) investigue el impacto de los mercados de carbono en los derechos de los pueblos indígenas y comunidades locales, reflejando la urgencia de abordar esta cuestión.
Desde la Corporación de Juristas Akubadaura nos sumamos al reconocimiento que se establece en contra de las violaciones de derechos fundamentales enfrentadas por los pueblos indígenas y otras comunidades étnicas; es una oportunidad crucial para poner de relieve los riesgos y violaciones de derechos humanos y territoriales que enfrentan, marcadas por la desigualdad de condiciones y la falta de consulta previa, libre e informada.
Adicionalmente a lo ya mencionado, es importante subrayar la problemática generalizada en la falta de consulta previa, libre e informada en la implementación de los mercados de carbono en los territorios étnicos. Esta omisión constituye una violación directa a los derechos humanos de los pueblos indígenas. El proceso de consulta previa es fundamental para asegurar que las comunidades indígenas puedan participar de manera significativa en las decisiones que afectan sus tierras, culturas y modos de vida. La imposición de proyectos de mercados de carbono sin un diálogo abierto y respetuoso no solo ignora sus derechos a la autodeterminación y al consentimiento informado, sino que también menoscaba la potencial sinergia entre la conservación ambiental y el respeto a los derechos humanos.
Esta audiencia también nos invita, como ciudadanos, a reflexionar sobre la efectividad de las agendas climáticas globales en la resolución de la crisis climática y ambiental que enfrentamos. Es momento de cuestionar si estas agendas realmente representan el camino hacia un futuro sostenible y equitativo para todos y todas.
En 2022, desde Akubadaura, publicamos un informe detallando las afectaciones territoriales y las violaciones a los derechos fundamentales que comenzaron a evidenciarse en algunas comunidades indígenas Nükak de San José del Guaviare, con la entrada de proyectos comerciales en la región.
Les invitamos a accede al informe en: Empresas estarían engañando a indígenas con negocios no muy ‘sostenibles’
A continuación, ver la audiencia completa (para el apartado correspondiente a Guyana, Perú y Colombia ver desde 2h:22m):