Empresas estarían engañando a indígenas con negocios no muy ‘sostenibles’

Este artículo fue publicado originalmente por El tiempo, por Edwin Caicedo- Redactor medioambiente. AQUÍ el contenido completo.

Se habla de irregularidades en contratos firmados para la venta de bonos de carbono.

Hace apenas poco más de 40 años los indígenas del pueblo Núkak tuvieron un contacto directo con la civilización occidental. Mientras los colonos colombianos avanzaban por la selva del Guaviare se encontraron en 1988, en el municipio de Calamar, con 49 personas de un pueblo indígena de cazadores recolectores que huía de actores armados que se habían adueñado de su territorio para sembrar droga.

En aquel entonces, la situación fue de tensión entre colonos e indígenas y llevó casi a la extinción a estos últimos. Primero por la violencia entre las Farc y autodefensas, que asesinaron indígenas. Pero mayormente por gripas y enfermedades que los nativos eran incapaces de soportar por falta de los anticuerpos que se han desarrollado en las comunidades urbanas. Pasaron de ser miles a llegar a ser apenas 400 en 2002. Es la última tribu encontrada en el continente americano y también una de las que más corre peligro de desaparecer.

Muchos han perdido sus costumbres y tradiciones, dejaron de ser nómadas que vivían del pancoger y se han volcado al sedentarismo dentro de municipios o en cercanías a estos (porque su tradición de nómadas ya no es posible en un territorio marcado por el conflicto armado y más recientemente por la deforestación y la siembra de cultivos ilícitos). Enfrentan ahora la pobreza multidimensional al punto de que en 2021 la Contraloría visitó el Guaviare y entregó un duro informe según el cual hay “alarmantes deficiencias” que ponen en riesgo la salud y preservación de la cultura nükak. En ese momento la principal queja del órgano de control es que los nükak “tienen hambre”, por lo que se pidió atender tres temas muy puntuales: la asistencia alimentaria, la implementación de los programas de atención en salud y, tercero, atención en educación respetando la esencia de ellos.

ENCONTRAR ORO

Pero en un mundo donde cada vez es más importante la protección del medioambiente y la conservación de los bosques, los nükak (y muchas otras tribus indígenas) parecen haber encontrado oro. Como tribu con amplios conocimientos en la reforestación y el cuidado de las especies de árboles y animales que habitan el bosque, su capacidad de cuidado los hace un actor idóneo para el desarrollo de proyectos REDD+ que son, según su nombre, iniciativas de ‘Reducción de las emisiones debidas a la deforestación y la degradación de los bosques’.

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Esencialmente, hoy cuando grandes compañías de todo el mundo deben mitigar y reducir sus emisiones de CO2 por los diferentes compromisos ambientales que hacen los gobiernos, una solución barata y eficiente es a través de una iniciativa REDD+. Entonces, la empresa que emite CO2 u otros gases de efecto invernadero paga por cada tonelada de CO2 que es capturada por un bosque a través de una figura denominada bono de carbono.

Ese bono de carbono equivale a una tonelada de carbono que se deja de emitir al planeta y que la compañía resta a su generación de gases. El valor de ese bono de carbono es calculado por una firma experta que se lleva una comisión por analizar cuánto carbono capta un bosque si es protegido dependiendo de las características de ese ecosistema. En teoría, la mayoría del pago entonces se lo lleva la comunidad que es la que finalmente se encarga del cuidado y la protección del territorio.

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En el país, existen 104 proyectos REDD+ en diferentes grados de avance, que se desarrollan principalmente en la Amazonía, el Chocó Biogeográfico y la Orinoquía, con cerca de 25 titulares de iniciativas distintas, correspondientes a empresas nacionales, internacionales, autoridades ambientales y también por entidades no gubernamentales y de cooperación.

Los nükak, que hoy son poco más de 1.200 personas según el censo más reciente y protegen 954.480 hectáreas de bosques (algo así como cinco veces el tamaño de Bogotá), tienen entonces una gran oportunidad de vender bonos de carbono.

¿El problema? El concepto de los bonos de carbono no es algo sencillo de entender para un pueblo que habla poco español, que tiene índices mínimos de educación bajo el modelo occidental y que además es reacio al “hombre blanco”.

Entonces, cuando en 2019 una compañía colombiana (que dice ser filial de una empresa alemana) llegó a comprarles bonos de carbono a los líderes de la comunidad, la historia terminó en denuncias de ONG y organizaciones indígenas que aseguran que compañías están aprovechándose de las vulnerabilidades de los nükak para sacar provecho económico.

Según la denuncia, la compañía, de nombre Waldrättung S.A.S. (que traduce del alemán ‘rescate del bosque’), habría firmado con el entonces líder de una comunidad nükak que vivía a las afueras de San José del Guaviare un contrato poco ético según el cual, por ejemplo, la comunidad se comprometía a cuidar por lo menos 100 años el bosque y a partir de ese cuidado Waldrättung podía vender a otras empresas bonos de carbono y actuar como mediador que se lleva una comisión por lo hecho. Según la ONG jurídica fundada por abogados indígenas, Akubadaura, ese contrato se traduce en cláusulas exorbitantes y desventajosas que comprometen a toda una generación y que además fue firmado por un líder sin que este hiciera una consulta previa con los habitantes del resguardo, algo que debería hacerse.

Hemos visto que llegan las empresas con prácticas engañosas, abusivas, con un lenguaje absolutamente técnico como es el tema de REDD+, pero sin garantizar una información clara, transparente, eficaz o suficiente de lo que significan los contratos de bonos de carbono y los efectos que eso pueda tener sobre el uso, manejo y el goce de los pueblos indígenas y aún más cuando estamos hablando de unas temporalidades de largo y mediano plazo que van a afectar a las generaciones venideras”, asegura la ONG.

Akubadaura destaca que es necesario que en el desarrollo de estos proyectos intervengan instituciones del Estado que asesoren a las comunidades y entreguen un mínimo de garantías a los indígenas para el desarrollo y la aplicación de estas iniciativas con condiciones que sean beneficiosas y justas para todos.

Nicolás Galarza, viceministro de Ordenamiento Ambiental del Territorio del Ministerio de Ambiente, y delegado por la entidad para hablar de este tema, explica que si bien el Minambiente lidera la formulación, implementación y seguimiento de la Estrategia Nacional REDD+, esta cartera no está facultada para sancionar o entrar a dirimir las posibles discrepancias o irregularidades que se presenten dentro de los cuerpos de gobierno indígena y de su relacionamiento con terceros en el marco de la formulación e implementación de los proyectos REDD+.

Estos proyectos bajo la normativa nacional son de carácter privado, implicando que las empresas desarrolladoras gozan de autonomía administrativa y las comunidades colectivas cuentan con autonomía sobre su territorio y libre determinación para concertar y determinar las condiciones bajo las cuales realizan los acuerdos o contratos en el marco del derecho privado”, destaca Galarza.

Según el directivo, el Ministerio de Ambiente en lo corrido de este año ha realizado 14 espacios virtuales y presenciales de capacitación y aclaración de dudas en conjunto con otras organizaciones estatales afines a esta temática. Además, si bien han recibido varias denuncias por parte de comunidades, veedurías ciudadanas u otros actores, que involucran presuntas vulneraciones por parte de empresas desarrolladoras, intermediarios, ONG y otras entidades, el “Minambiente no tiene competencia para realizar vigilancia, control y sanción sobre las irregularidades presentadas por ser iniciativas que se dan bajo el marco del derecho privado; por ello, la necesidad de notificar a los entes competentes”, enfatiza Galarza.

Consultado por EL TIEMPO, el representante legal de Waldrättung, Helmuth Gallego, aseguró en principio que el contrato –que varios medios y organizaciones han denunciado es desventajoso y engañoso– nunca existió. Luego Gallego cambió su versión y dijo que el contrato era realmente un “proyecto de contrato” que una persona ajena a ellos desarrolló y que nunca fue firmado por Waldrättung porque no había “garantías serias” para desarrollar el proyecto dado que los nükak son nómadas, no están en su territorio y el conflicto armado impide que puedan controlar la deforestación y degradación del bosque.

“Existió un contrato desde el punto de vista de ‘proyecto de contrato’ que se elaboró para empezar a discutir con la comunidad nükak la posible realización de un proyecto. Pero ese es un contrato que nosotros sabemos que fue firmado por el representante legal en ese momento de la comunidad nükak, pero lo firmó sin que nadie le solicitara que lo firmara, sin que se hubiese socializado en una asamblea y se hizo sin nuestro consentimiento porque ni siquiera fue firmado por nosotros por las tres razones que le mencioné: primero, el carácter nómada no permitía un arraigo de la comunidad en ese territorio determinado; segundo, la comunidad nükak en términos reales no esta en su territorio sino que está en los goteras de San José del Guaviare; y en tercer lugar, ese territorio está con mucho cultivo ilícito y, en consecuencia, no es el territorio más idóneo para la ejecución seria de un proyecto REDD+ y, por eso, nosotros nunca firmamos el contrato”, asegura Gallego.

De acuerdo con el directivo en Colombia, Waldrättung desarrolla ocho iniciativas de proyectos REDD+, tres que ya están funcionando y cinco en etapa de factibilidad y, en todas esas, las condiciones son beneficiosas para los indígenas a nivel social, económico y de incorporación dentro del proyecto. Según él las denuncias que han hecho las ONG y medios de comunicación son en realidad producto de “empresas de la competencia” que quieren afectar la buena honra de “una empresa seria” como Waldrättung.

Lo cierto es que, según Mateo Estrada, asesor ambiental de la Organización Nacional de los Pueblos Indígenas de la Amazonía Colombiana (Opiac), lo que pasó con Waldrättung se ve en muchos otros proyectos y territorios y la organización ha venido denunciándolos. Estrada asegura que hoy a los indígenas las grandes empresas los ven como los españoles en la época de la colonia, y quieren “cambiarles espejos y baratijas por oro”.

Por eso, según este asesor ambiental, desde la organización están buscando que el próximo Gobierno en Colombia, sea el que sea, se siente a reglamentar de manera técnica y puntual cómo deben desarrollarse en Colombia los proyectos REDD+, que incluyen distintas figuras de protección y conservación de ecosistemas, no solo el de los bonos verdes.

Mientras tanto, los nükak y otras comunidades siguen en un limbo basado en el desconocimiento. Hoy, la comunidad que firmó el contrato con Waldrättung tiene un nuevo líder, y se encuentra en conversaciones con otra compañía que comercia con bonos de carbono con la cual quiere llegar a un nuevo acuerdo de conservación.