Los desafíos de la política fiscal para los pueblos indígenas

Las políticas fiscales y su impacto sobre los pueblos indígenas, así como el diseño de una hoja de ruta para transformar la política fiscal actual, fueron los temas de discusión de líderes y representantes de comunidades indígenas de Perú y Colombia. 

Delegados de la Organización Nacional Indígena de Colombia ONIC, el Consejo Regional Indígena del Cauca -CRIC-, y la Comisión Nacional de los Territorios Indígenas CNTI, así como representantes de los pueblos Misak, Kankuamo y Embera de Colombia y  la Organización Nacional de Mujeres Indígenas Andinas y Amazónicas del Perú ONAMIAP y el Consejo Indígena Andino del Perú CAOI se reunieron entre el 1 y 2 de diciembre en Bogotá en un espacio de discusión sobre políticas fiscales.

Temas como los mecanismos de política fiscal de los Estados para mejorar las condiciones de vida de los pueblos indígenas; cómo fortalecer las capacidades de pueblos, autoridades y organizaciones para acceder a recursos fiscales; o, desde la mirada indígena, cómo negociar con los modelos de desarrollo que se plantean en América Latina, fueron abordados en una serie de entrevistas registradas en un video con las conclusiones del evento (que pueden ver al finalizar esta publicación). 

“Este taller es histórico y se espera salgan propuestas para la mesa de discusión sobre las políticas fiscales en Colombia”, sostuvo Ilich Ortiz, economista de Akubadaura y coordinador del evento.

“Yo quiero mencionar los desafíos que nos ha dejado este taller. Después de la pandemia el desafío ha sido volver a salir de los territorios y volver a nuestros saberes ancestrales, hemos visto a nuestros hermanos curar con las plantas, las plantas y la pandemia nos ayudaron a volver a mirarlos”, Ketty Lopez, del Pueblo Yánesha-Ashánika de la Selva Central de Junín- Perú.

“Al hablar de los principios de los derechos humanos en la política fiscal, deberíamos dialogar con los movimientos sociales. Debemos dialogar porque lo que los movimientos sociales están exigiendo es un derecho que les corresponde y el Estado debe velar por garantizar los derechos de la población”, dijo Olivia Minatta, consultora del Centro de Derechos Económicos y Sociales – CESR.