Segundo boletín del ONCPLI
En octubre de 2024, Colombia será la anfitriona de la COP16, un evento crucial en el marco del Convenio de Diversidad Biológica que estará centrado en la conservación global y la participación de comunidades locales. Esta conferencia proporcionará un espacio para que los pueblos indígenas, afrocolombianos, raizales y palenqueros presenten sus perspectivas y contribuyan a las estrategias globales de conservación, subrayando la importancia de un enfoque inclusivo y participativo en las políticas ambientales.
Adicionalmente, en abril de 2024, Santiago de Chile albergó la Conferencia de las Partes del Acuerdo de Escazú (COP3), un tratado regional destinado a asegurar la implementación completa y efectiva de los derechos de acceso a la información ambiental en América Latina y el Caribe. Colombia si bien firmó este Acuerdo, aún no lo ha ratificado para que se convierta en una obligación del Estado garantizar el acceso y transparencia en asuntos de protección y defensa ambiental.
Estos compromisos internacionales son particularmente relevantes en el contexto de la implementación de la política y los proyectos REDD+ en Colombia, que comenzaron a desarrollarse hace más de 12 años para reducir emisiones por deforestación y degradación forestal. Sin embargo hasta ahora se está prestando la atención necesaria en cómo garantizar el derecho fundamental a la consulta previa libre e informada de estos proyectos en territorios étnicos.
El Observatorio Nacional de Consulta Previa Libre e Informada de Akubadaura, señala cinco problemas principales en la implementación de estos proyectos:
- Desarrollo desigual de salvaguardas sociales y ambientales: A pesar de los avances técnicos, el gobierno no ha reglamentado completamente cómo se protegen los derechos sociales y culturales de las comunidades afectadas.
- Incumplimientos en el acceso a la información: El Registro Nacional de Reducción de las Emisiones de Gases de Efecto Invernadero (RENARE) no proporciona información completa y accesible sobre los proyectos REDD+.
- Vacíos en la reglamentación del consentimiento previo: Existen inconsistencias en cómo las empresas obtienen el consentimiento de las comunidades, reduciendo el derecho a la consulta previa a un simple trámite.
- Inconsistencias en la información de la Dirección de Autoridad Nacional de Consulta Previa (DANCP): Falta estandarización en la presentación de datos sobre proyectos REDD+, lo que genera dudas sobre su transparencia.
- Reflexiones pendientes sobre los proyectos de bonos de carbono: Es necesario un análisis más profundo sobre los efectos de estos proyectos en las comunidades étnicas y sus territorios.
Estos problemas se evidencian en los proyectos REDD+ que actualmente están en proceso de consulta previa. Según datos de la Dirección de Autoridad Nacional de Consulta Previa, los siguientes proyectos están pasando por este proceso en 18 territorios étnicos:
- Convenio de cooperación para la reducción de emisiones de Carbono por deforestación evitada: Resguardo indígena Cocama, Tikuna y Yagua de Puerto Nariño, Amazonas.
- Proyecto de reducción de emisiones por deforestación y degradación en las Asociaciones indígenas de la Amazonía colombiana: Resguardos indígenas Aduche, Monochoa, Miriti Paraná, Puerto Zábalo y Los monos, Santa Rita, Mesai, Nonuya de Villa Sul, Predio Putumayo-El Encanto.
- Reducción de emisiones por deforestaciones y degradación en los Resguardos indígenas de Toninas, Sejal, San José y otros; y Resguardos Ríos Cuari e Isana: Resguardos indígenas Tonina, Atabapo, San José, Cuyare e Isana, Sejal.
- Timbiquí REDD+: Consejos Comunitarios El Cuerval, Negros Unidos, Parte Baja del Río Saija.
- Planeta agradecido con el Resguardo indígena Bajo Río Guainía y Río Negro San Felipe: Resguardos indígenas Bajo Río Guainía y Río Negro.
En este sentido, la falta de acceso a la información completa sobre los proyectos REDD+ es una preocupación central. Es necesario restablecer el RENARE como una plataforma pública y obligar a las empresas a registrar información completa y actualizada de cada proyecto. Así como la supervisión de cómo las empresas obtienen el consentimiento previo de las comunidades es crucial, y debe tratarse cualquier irregularidad como un delito.
Además, se debe abordar un enfoque étnico y territorial en los criterios de afectación directa para garantizar que los impactos sociales y culturales sean considerados. Finalmente, es importante que el análisis de los proyectos REDD+ se amplíe para proteger también a las comunidades campesinas, asegurando que sus derechos fundamentales sean garantizados.
Invitamos a las autoridades indígenas, profesionales interesados, líderes y lideresas a leer el boletín completo del Observatorio Nacional de Consulta Previa Libre e Informada de Akubadaura, que está disponible para su descarga.