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Minga por una Justicia Redistributiva

Por: Francisco Giraldo López.

La música colombiana recoge la costumbre de la clase política de prometer para no cumplir, como lo advierten las letras de Arnulfo Briceño: “Aparecen en elecciones unos que llaman caudillos, que andan prometiendo escuelas y puentes donde no hay ríos”

Más allá del precio de los huevos o de cuántos bienes están gravados o excluidos del IVA y desde qué monto de salario debemos presentar renta y pagar impuestos, el problema de la justicia en la política fiscal colombiana hace referencia a una inequitativa construcción de la sociedad que se pierde en los 200 años de vida republicana o en los 519 de la invasión. 

Colombia se ha constituido como una nación en donde la inequidad social y los exorbitantes privilegios de la clase política y empresarial adquieren notoriedad en la opinión pública, cada que las necesidades de las finanzas del Estado exigen hacer ajustes que impliquen aumentar los ingresos por la vía de los gravámenes, salen a relucir los argumentos en el sentido de que en el país se pagan demasiados impuestos y de que además los impuestos afectan a los empresarios y disuaden a los inversionistas extranjeros para fijarse en el país, pero esos mismos argumentos no sirven para develar los beneficios que vía subsidios e incentivos el Estado retorna al capital. Siempre, los ajustes serán para gravar a los trabajadores y para reducir la inversión social.

Se han vuelto paisaje la miseria, la falta de una infraestructura adecuada en salud, la baja calidad de la educación pública, sobre todo en los niveles primario, básico secundario, que han terminado por sumir en la marginalidad y negar cualquier posibilidad de movilidad social para los grupos de menores ingresos en donde están fundamentalmente indígenas, campesinos y afros como consecuencia de una idiosincrasia nacional que se niega a reconocer una mirada racista y arribista en contra de estos grupos poblacionales.

La legislación sobre la asignación de los recursos, particularmente para las minorías étnicas, refleja una mirada peyorativa sobre sus capacidades de gobierno propio, de autonomía para definir sus propios criterios de vida como pueblos. Entonces, más allá de la reforma tributaria y de si ésta se califica de estructural o no, si tenemos en cuenta que en los últimos 40 años cada gobierno ha tramitado mínimo una reforma tributaria, estamos hablando de una clara mirada cortoplacista y que en ningún caso ha pretendido hacer realmente cambios estructurales en la sociedad. 

Las decisiones fiscales implican que el Estado está decidiendo qué actividades económica grava, cómo las grava, en qué medida las grava, hasta ahí hay una decisión política sobre la manera cómo el Estado pretende hacer recaer en los diferentes grupos sociales el recaudo de los recursos necesarios para la construcción de un proyecto de país, pero la decisión, tal vez más importante, está en cómo se asigna el gasto de los recursos que el Estado tiene, en dónde se fijan las prioridades sectoriales, cómo se distribuye territorialmente la ejecución del gasto, qué autonomía se da a las entidades territoriales, que en el caso colombiano, por decisión de la Constitución del 91 incluyen las entidades territoriales indígenas, qué autonomía le otorga a cada una de éstas, qué tratamiento se le da al capital extranjero, cómo se defiende  la preservación y recuperación del medio ambiente de las afectaciones que pueda tener.

Si bien algunos tópicos como el IVA tienen un origen anterior a la Constitución del 91, es en ella en donde se produjo de alguna manera un cambio medianamente estructural, sobre todo en la manera de asignar los recursos fiscales a los territorios con generosidad. De alguna manera la Asamblea Nacional Constituyente, en su momento, trató de saldar la deuda social histórica con la población excluida y con los territorios olvidados, primero reconociéndolos, luego dándoles autonomía y entregándoles los recursos fiscales para garantizar su sostenibilidad. 

Así, se asignaron recursos para los primeros 10 años de su vigencia, pero cuando entró el siglo XXI y se empezó a legislar, según lo previsto en las mismas leyes a partir del 2002, el gobierno central empezó a recoger pita, recogió buena parte de los recursos para ser asignados sin la autonomía que la constitución había previsto y en ese mismo marco se creó un mecanismo de distribución de las regalías en medio del auge del modelo extractivista, se creó un esquema de repartición de estos recursos que obedecía a intereses partidistas y no tenía en cuenta ningún criterio de equidad territorial. 

Aún hoy, 30 años después, el legislativo sigue teniendo una gran deuda con el espíritu de la Constitución, al negarse a promulgar una ley de ordenamiento territorial que le dé base particularmente a las entidades territoriales indígenas creadas por la Constitución, pero que ante la ausencia de la ley de ordenamiento se han regulado en medio de mucha improvisación legislativa negándoles su autonomía y dejándolas, en la mayoría de los casos, a merced de las alcaldías municipales para el manejo de sus recursos propios, lo que ha permitido que la gran mayoría de los pueblos indígenas no hayan logrado mejorar sus condiciones de bienestar según lo han planteado en sus Planes de Vida en el ejercicio de su autonomía.

Las necesidades de cambios estructurales del país no se reducen a resolver la financiación de la atención de la pandemia, atraviesan por cambiar el esquema tributario del modelo extractivista, la exenciones tributarias que sucesivamente se han creado para favorecer al gran capital, los regímenes especiales de pensiones, la incapacidad de la Dian para evitar la evasión y elusión. Éstos son algunos aspectos que la fallida Reforma Tributaria no tenía, simplemente estaba recayendo en el facilismo de las anteriores de crear más figuras de carácter regresivo y que además contrario a lo que se afirmaba públicamente, en ningún caso estaba garantizado que efectivamente esos recursos fueran direccionados en favor de la población de bajos ingresos.

Lo molesto de la reforma y su difusión no es que el ministro no supiera el precio de los huevos, lo realmente molesto es que el ministro sí sabía que la reforma recaía fundamentalmente en la clase media y dejaba intactos los beneficios del capital extranjero y los grandes empresarios nacionales, entre ellos, particularmente, el sistema financiero.