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Los colombianos unimos fuerzas ante la situación que vive el país

Bakatá, 7 de mayo de 2021. Pueblos indígenas, comunidades afro, campesinos, estudiantes y trabajadores, ciudadanos de todos los sectores y de todas las regiones del país exigen, a través de la movilización social, que se garanticen los derechos fundamentales; que se terminen las masacres y asesinatos de líderes sociales e indígenas, y que se cumplan los acuerdos de paz.

Desde el 21 de abril, después del asesinato de Sandra Liliana Peña, gobernadora indígena del Resguardo de La Laguna Siberia, en Caldono (Cauca), el Consejo Regional Indígena del Cauca -CRIC- viene realizando la Minga Hacia Adentro para reclamar el respeto por sus derechos. Durante la movilización del 4 de mayo hombres armados desconocidos le quitaron la vida al indígena Alberto Iguanito del pueblo Sikuani del resguardo Iguanitos del municipio de Arauquita (Arauca).

Por lo anterior, y como manifiesta la Organización Nacional Indígena de Colombia -ONIC-, “están en pie de lucha nuestros hermanos y hermanas” (ONIC) de la Nación U`wa, Sikuani, Embera Eyábida o Katios, Emberas y Waunan, Awá y Nasa, ubicados en los Llanos, Chocó, Nariño, Valle del Cauca, Cauca, Córdoba y en otras partes del país.

La indignación por los asesinatos, las masacres, los desplazamientos, el abuso de la fuerza pública, sumado a la desidia estatal hacia el país, reflejada en las propuestas presentadas en el Congreso de la República, para reformar la salud y los tributos, ha llevado a que los colombianos se levanten ejerciendo el derecho legítimo a la protesta. 

Las motivaciones a ejercer este derecho no son pocas, más aún cuando en el territorio nacional persiste la presencia de actores armados, legales e ilegales, que violan el derecho a la vida, así como lo confirma Indepaz al registrar 188 masacres desde 2018 (2018:26, 2019:36, 2020:91, 2021:35); en tan solo cuatro meses transcurridos de 2021 se han registrado 35 masacres en Colombia alcanzando a las ocurridas en todo el año 2019. 

A estos hechos se suma que desde la firma de los Acuerdos de Paz en 2016 a junio de 2020, 270 líderes indígenas han sido asesinados, el 60% (167) han ocurrido durante el gobierno Duque. Datos preocupantes si se tiene en cuenta que, a 2020, hablamos de 39 Pueblos Indígenas en inminente riesgo de extinción física y cultural y 35 Pueblos Indígenas con menos de 200 habitantes. Como si fuera poco, organizaciones de derechos humanos y de género reportaron más de dos mil quinientos (2.527) casos de violencia sexual contra la población indígena entre 2015 y 2019, muchos de los cuales no son denunciados por las mujeres debido a que no hay una atención diferencial étnica, a las amenazas constantes y al miedo, lo que ha llevado incluso a suicidios.

El 42% de la población colombiana gana menos de 366 mil pesos, rango mínimo de subsistencia según el Dane (La Silla Vacía). Dentro de los más pobres están la mayoría de los pueblos indígenas, afro y un alto porcentaje de población mestiza y por ello las comunidades están en las calles en una minga que busca que se implementen los acuerdos históricos en cada diálogo social, en cada mesa de concertación, en el Acuerdo de Paz y en un sinnúmero de espacios de consenso que buscaban mejoras en la educación, equidad de recursos, titulación de tierras y otros aspectos que garanticen la dignidad de las personas, comunidades y pueblos que habitamos el territorio.

Las problemáticas en las que coincidimos los indígenas, los afro, los mestizos, son la desigualdad y la exclusión en las que históricamente hemos tenido que vivir. Vemos con preocupación los retrocesos del gobierno nacional en materia de derechos humanos y de derechos de las comunidades étnicas como el derecho a la consulta previa, libre e informada, el derecho a la salud en relación a las medidas tomadas para atender el impacto de la pandemia, y el derecho a la paz ante el incumplimiento de los acuerdos. 

Es por esto que desde la Comunidad de Juristas Akubadaura demandamos la prevalencia de la democracia, así como el cumplimiento de los derechos constitucionales de la población en su diversidad, el respeto y garantía integral de los derechos humanos. Exigimos el cese de la violencia, las garantías para el ejercicio de la protesta social y pedimos que se genere un diálogo nacional amplio e interétnico.

A los colombianos los invitamos a la construcción conjunta de propuestas para el diálogo nacional, a rechazar la violencia y a expresar solidaridad con las víctimas.

A la comunidad internacional les llamamos a continuar acompañando a las comunidades en todo el territorio nacional, a que sean garantes y verificadores del respeto por los derechos humanos y del derecho internacional humanitario.