En un hito de solidaridad regional, organizaciones indígenas y aliados de la sociedad civil de Sudamérica y Mesoamérica se reunieron en Lima, Perú, del 17 al 19 de octubre de 2023, para forjar una alianza en la lucha contra la violencia y el despojo territorial. Durante el evento se firmó la declaración “Acciones y propuestas conjuntas ante la violencia y el despojo territorial”, que aborda las preocupaciones y propuestas de estas comunidades frente a la creciente agresión en sus territorios ancestrales.
Este histórico pronunciamiento se logra en el marco del encuentro “Experiencias y desafíos para la protección y defensa de los territorios y derechos indígenas: propuestas desde las y los defensores ambientales indígenas”. En este documento, que reúne la posición de organizaciones de Perú, Brasil, Bolivia, Ecuador, Guatemala y Colombia (con la participación de Akubadaura), expresaron su malestar por las problemáticas que se viven en los territorios indígenas. Como señala Global Witness, en la última década, más de 1.300 personas defensoras de estos territorios han perdido la vida. Esta situación está relacionada con la expansión de la frontera extractiva, que abarca sectores como los hidrocarburos, forestal y minero, y se encuentra vinculada a proyectos de reactivación económica, infraestructura vial, hidroeléctricas, y actividades ilícitas, especialmente, la tala ilegal, narcotráfico y minería ilegal.
La declaración realizada, condena la violación de los derechos individuales y colectivos en contextos de violencia, crisis política y económica en sus regiones. Además, hace un llamado urgente a la toma de decisiones en torno a la crisis climática global, la deforestación y otros impactos territoriales. Se enfatiza que los pueblos indígenas de Sudamérica y Mesoamérica son los más afectados, mientras las decisiones se toman lejos de sus territorios y con restricciones que limitan su representación en los espacios de toma de decisiones mundiales.
Esta alianza reconoce la necesidad de trabajar articuladamente, y en conjunto, para impulsar la “descentralización de estos espacios hacia las diferentes regiones, con un enfoque de interoperabilidad, sumado a los conocimientos indígenas materializados en el saber ancestral (Guardias Indígenas, mecanismos de autoprotección) y el uso de tecnologías en los Sistemas de Alerta Temprana” y así, también, “tener mayor claridad de cuáles son los espacios territoriales más críticos, y aquellos en donde el problema se va expandiendo”, teniendo en cuenta que, frente a los proyectos, “deben cumplir con la obtención del consentimiento previo, libre e informado, como resultado del ejercicio de la libre determinación de los pueblos indígenas sobre sus territorios”.
En el documento se hace referencia al Acuerdo de Escazú que, por primera vez en la región, incluye disposiciones sobre las personas defensoras y defensores del territorio, y la necesidad de garantizar entornos seguros. “Es necesario asegurar la incorporación de la visión indígena y las recomendaciones formuladas por los pueblos desde sus conocimientos, iniciativas propias de protección y trabajo comunitario”. De igual manera, aborda el acceso a la justicia, especialmente en contextos de impunidad y ausencia de iniciativas de reparación integral “debe garantizarse y respetarse el ejercicio de la jurisdicción indígena, y su coordinación con la jurisdicción ordinaria”.
La Alianza Latinoamericana de defensoras y defensores territoriales e indígenas apunta, desde una mirada internacional, a servir de soporte en la incidencia, acompañamiento legal, fortalecimiento de capacidades, especialmente mujeres y jóvenes, fortalecimiento de acciones colectivas de defensa del territorio, y acciones de urgencia para contribuir con la protección efectiva de las personas defensoras y defensores del territorio, sin dejar de lado la dimensión estructural de la violencia que se enfrenta en la región.
Finalmente, en el desarrollo del encuentro Experiencias y desafíos para la protección y defensa de los territorios y derechos indígenas, se llevó a cabo el Foro Defensores Ambientales de América Latina “Desafíos para una efectiva protección a las Personas Defensoras” en el que se expuso la sistematización de las amenazas a las defensoras y defensores del territorio en América latina, así como la problemática que enfrentan para acceder al sistema de justicia; y las propuestas de acción para la atención efectiva de las defensoras y los defensores de derechos (Ver la transmisión del Foro en Facebook)
En el Encuentro participaron organizaciones de Perú: Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (AIDESEP), Organización Regional AIDESEP Ucayali (ORAU), Coordinadora Regional de los Pueblos Indígenas de San Lorenzo (CORPI-SL), Organización Regional de los Pueblos Indígenas del Oriente (ORPIO), Consejo Machiguenga del Río Urubamba (COMARU), Central Asháninka del Río Ene (CARE) y Derecho, Ambiente y Recursos Naturales (DAR).
Brasil: Observatorio de protocolos autónomos de consulta previa de Brasil (COIAB) y Conectas Dereitos Humanos.
Bolivia: Centro de Estudios Jurídicos y de Investigación Social (CEJIS).
Colombia: la Comunidad de Juristas Akubadaura, la Organización Nacional de los Pueblos Indígenas de la Amazonia Colombiana (OPIAC), Organización Zonal Indígena del Putumayo (OZIP) y la Asociación Ambiente y Sociedad.
Centroamérica: Alianza Mesoamericana de Pueblos y Bosques y Protección Internacional Mesoamérica.
Este espacio también contó con la participación de actores clave en la promoción de los derechos humanos y la protección del medio ambiente en la región. Entre los asistentes se encontraban presentes la Coordinadora de las Organizaciones Indígenas de la Cuenca Amazónica (COICA), la Coalición por los derechos humanos y el desarrollo, y Front Line Defenders, Global Witness, (DPLF) y por parte de la institucionalidad asistió un delegado del Ministerio de Justicia del Perú.
A continuación la Declaración: