La Corporación de Juristas Akubadaura estuvo presente en el corazón de la Amazonía ecuatoriana. A través de Albert Talco, indígena kankuamo de la Sierra Nevada de Santa Marta y coordinador de su Línea de Justicia Económica, la organización participó en el histórico encuentro de pueblos originarios celebrado en el territorio Sarayaku.
Su presencia, sin embargo, no fue para registrar una nueva victoria legal, sino para unirse a líderes de otros seis países en la construcción de una estrategia frente a una realidad que corroe la justicia en el continente: las sentencias que se ganan en los tribunales, pero que los Estados se niegan a cumplir en los territorios.
Del 21 al 25 de mayo, en la selva que los Kichwa llaman Kawsak Sacha (Selva Viviente), se gestó algo más que un encuentro. Nació la Coalición Regional por la Exigencia, Garantía e Implementación de las Decisiones Judiciales. Un nombre extenso para una idea simple y poderosa: si los Estados no cumplen las órdenes de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y de sus propias cortes, los pueblos originarios se unirán para exigirlos.
El diagnóstico es el mismo desde la Patagonia hasta México. “Todos los pueblos originarios tenemos violación de nuestros derechos, arrebato de nuestros recursos naturales”, explicó Pedro Chávez, del pueblo purépecha de México, durante el encuentro. El caso de los anfitriones es emblemático: el Estado ecuatoriano sigue sin retirar los cientos de kilos de explosivos que una petrolera dejó en su tierra, a pesar de una orden explícita de la Corte IDH. En Surinam, el pueblo Saamaka lucha para que se respete la propiedad de 1.4 millones de hectáreas de selva que la misma corte les reconoció.
Son solo dos ejemplos de un patrón de desacato que, para muchos, demuestra una crisis de legitimidad del propio sistema interamericano. Es en este escenario de incumplimiento sistemático que la perspectiva de Albert Talco, como voz de Akubadaura y de su pueblo, se ha hecho escuchar con particular urgencia. “Hay indiferencia de los Estados frente a las sentencias para proteger derechos de los pueblos originarios, los cuales están en abandono”, afirmó. No habló desde la teoría. Habló desde la experiencia de su pueblo, el Kankuamo, y desde el trabajo diario en Akubadaura, donde se constata cómo las sentencias que protegen los territorios de los pueblos indígenas enfrentan la inacción estatal.
La creación de esta nueva coalición marca un cambio de estrategia. Es el paso de la resistencia individual a la presión colectiva. La primera acción será conjunta: solicitarán a la Corte Interamericana una audiencia para evaluar de manera integral el incumplimiento sistemático de sus fallos.
Pero la visión va más allá de los tribunales. Con la mira puesta en la COP30 sobre el clima, que se realizará en Brasil, el manifiesto de Sarayaku es claro. Le recuerdan al mundo que la crisis climática no se resolverá con mecanismos de mercado, sino con políticas basadas en los conocimientos ancestrales de quienes han defendido la vida por milenios.
“Que los estados asuman su responsabilidad en la lucha contra el cambio climático”, apuntó Albert Talco.
Al final, el encuentro en Sarayaku no fue la crónica de una victimización, sino la de una autonomía en marcha. Fue la constatación de que, cuando la justicia institucional se vuelve un eco lejano, los pueblos deben organizarse para que la dignidad, como dijo la joven activista sarayaku Helena Gualinga, deje de ser una aspiración y se convierta en un hecho.
Lea el manifiesto del encuentro a continuación: