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Estamos en Minga para el paro

Bakatá, 12 de mayo de 2021. Ante el número de muertes (47) y presuntas desapariciones (435) durante los 13 días de protesta, La Comunidad de Juristas Akubadaura exige garantías para la vida de los manifestantes y a su legítimo derecho a la protesta social en la continuidad del Paro Nacional y su llamado para la movilización de este 12 de mayo de 2021.

Desde Akubadaura vemos con preocupación la respuesta del presidente Duque quien, en lugar de garantizar la vida de los manifestantes, llamó a los pueblos indígenas a retornar a sus resguardos. Las personas que pertenecemos a pueblos indígenas tenemos el derecho fundamental a la protesta y podemos aliarnos a las voces que luchan por un país más pluralista que cumpla con las promesas incluidas en la Constitución de 1991. Nuestra protesta ha sido y será pacífica y ocurrirá desde los fogones, los ríos, los resguardos, como también desde las plazas y las calles de las ciudades.

“Estamos sumamente preocupados por las malas decisiones del gobierno actual para enfrentar la protesta social, su imprudencia, indolencia y su actuar violento en condiciones desproporcionadas a través de las fuerzas militares y de Policía en contra de la sociedad civil. Lo que hoy se está viviendo en las calles, es la muestra clara de la inconformidad de un pueblo cansado de la mala gestión, las malas decisiones políticas y económicas, así como por los retrocesos sobre el acuerdo de Paz, los asesinatos a líderes sociales, la pobreza extrema, las brechas de desigualdad tan marcadas y el racismo estructural que se promueve en este caso, por los gobiernos de turno en nuestro país. No vemos ninguna voluntad política frente al acceso de derechos vitales ni al cuidado de la vida cuando se nos calla con tal represión y violencia”, sostuvo Lina Marcela Tobón Yagarí, mujer Emberá Chamí, directora de Akubadaura.

Este sentir responde a los acontecimientos de los últimos días en los que la comunera Daniela Soto quedó gravemente herida y otros 11 mingueros fueron hospitalizados tras los disparos que recibieron el domingo 9 de mayo en las instalaciones y alrededor de la Universidad del Valle donde algunas organizaciones indígenas se hospedan para apoyar sectores del Paro Nacional Indefinido en el país.

“Duque debe pedir perdón público” exige el Gobernador Tata Pedro Velasco, miembro de las Autoridades Indígenas del Suroccidente de Colombia, AISO y agrega que “Lo que busca conversar (Duque) ya se había avanzado en los Acuerdos de Paz y por eso exigimos su implementación. Si continúa la represión y el gobierno de muerte no avanzaremos en ningún punto de convergencia”.

A la preocupante situación se suma la versión ofrecida por los medios de comunicación que como Noticias Caracol en su emisión del medio día, de mayo 11, hace una apología de las bondades del Valle del Cauca y su empresariado sin hacer una sola mención a los indicadores sociales de desigualdad y pobreza que hacen parte de esa misma realidad, desconociendo también versiones históricas que relacionan los orígenes de las fortunas del empresariado vallecaucano a la esclavitud de la población afro e indígena.

Los medios tampoco hacen una contextualización acerca de la expropiación de las tierras a los pueblos ancestrales durante los siglos XIX y XX, para construir su imperio azucarero de donde devengan su condición de emprendedores y de ahí su profunda actitud racista.

Varios medios llamaron a los hechos sucedidos en Cali como “enfrentamientos entre ciudadanos e indígenas”, como si ser indígena fuera distinto a ser ciudadano de Colombia. Los indígenas, afrodescendientes, campesinos y personas mestizas tenemos los mismos derechos porque todos somos ciudadanos colombianos.

El presidente Duque, en lugar de usar el poder del Estado para proteger la vida de los manifestantes y buscar el consenso que lleve a solucionar la inequidad y el descontento que se vive en el país, así como para detener la violencia, la represión en contra de los manifestantes y castigar los abusos, usa su poder para estigmatizar la movilización pacífica de los pueblos indígenas, especialmente del Consejo Regional Indígena del Cauca – CRIC-.

Para Harold Secué, consejero de la ACIN: “la Policía tiene mucho que ver en estos enfrentamientos civiles… por un lado disparan tipos que andan en camionetas blindadas de alta gama, pero la Policía, cómplice, también dispara”, indicó además que en las manifestaciones con términos como “los indígenas son sucios” se expresó el racismo de personas que residen en Cali.

“Es una estrategia de los militares, que ha usado Zapateiro y que siempre ha usado el Centro Democrático, de señalarnos como los causantes del caos. Estamos en Minga para el Paro, además, están matando a los manifestantes. Es real que los mingueros entraron a los conjuntos, pero porque allá entraron las camionetas que nos dispararon”, enfatizó Secué.

Pedimos que se mantenga abierto el diálogo de “negociación” entre el gobierno nacional y los diversos sectores que están en el paro, para que se escuchen las propuestas y se den soluciones a las problemáticas.

A las instituciones estatales les exigimos realizar las investigaciones pertinentes sobre las personas que están perpetuando actos de violencia en contra de los pueblos indígenas y la Minga.

A las organizaciones internacionales les solicitamos la intervención urgente ante esta situación que diariamente está poniendo en riesgo la vida de las personas que se encuentran en las calles protestando.

Solicitamos a nuestros compatriotas rodear y proteger a los pueblos indígenas porque el ataque que estamos viviendo es un genocidio que está ocurriendo ante los ojos del gobierno Colombia.