El camino cuesta arriba de los derechos de los pueblos indígenas

Foto: Constituyentes indígenas Lorenzo Muelas (izquierda) y Francisco Rojas Birri (derecha). Foto Cortesía ONIC.

Por Rocío Caballero Culma*

Se conmemoran treinta años de la promulgación de la Constitución Política de Colombia pactada en 1991, memorable en su proceso constituyente, construida a partir de la activa y masiva participación de diversos sectores sociales, con voceros de múltiples colectividades, desde estudiantes, académicos, activistas de la paz, firmantes de procesos de paz en el último período y de los pueblos indígenas como sujetos políticos, quienes en los territorios, en las Mingas, en los convites, en las recuperaciones, exigían ser escuchados. Aunque hemos recorrido un largo camino, tres décadas después parece que estamos, de nuevo, en el punto de partida.

Al calor del movimiento social y político de reforma constitucional de ese periodo, compañeros delegados por parte del movimiento indígena, dieron pasos adelante ante el peso del momento y de su papel histórico, logrando tener voz y voto en la Constituyente representando a las comunidades, entre ellos el Mayor Lorenzo Muelas por el pueblo Misak, Alfonso Peña Chepe por el pueblo Nasa y en representación del Movimiento Armado Manuel Quintín Lame, y Francisco Rojas Birry por el Pueblo Embera y la Organización Nacional Indígena de Colombia ONIC. 

Gracias a su andar, presencia y participación en la Constituyente, con el apoyo de aliados de los pueblos indígenas en el Foro, se logró que en la Carta Magna se hiciera un reconocimiento amplio de los derechos a la diferencia, del multiculturalismo e interculturalidad, no sin dejar de decir, que al mismo tiempo, la Constitución Política reconoció derechos del liberalismo con la apertura de Cesar Gaviria, entonces Presidente y de las corrientes políticas imperantes que eran afines al Estado Moderno, a la libre empresa y al libre mercado, lo cual en la práctica ha significado múltiples conflictos territoriales que a lo largo de los años han afectado la existencia de los territorios, sus seres espirituales y la pervivencia física y cultural de las comunidades.

El mismo año de la promulgación de la nueva constitución, mientras se reunían en el Capitolio para hablar de derechos, de respeto a la vida, a la diversidad étnica y cultural, a la libertad de reunión, y el país discutía con esperanza el avance en garantía de derechos, en los territorios las comunidades seguían siendo perseguidas. El 16 de diciembre de 1991, tras haber denunciado amenazas, en el municipio de Caloto, Cauca, 21 indígenas del pueblo Nasa fueron asesinados en la que se conoce como “Masacre del Nilo”.  Nueva constitución con reconocimiento de derechos, pero con un camino largo y conocido, ese 1991 se cumplían 499 años de colonización española en el continente andino, cinco siglos en los que la historia había dejado a los pueblos originarios inmersos en el dolor del genocidio, de la enfermedad de la espada y de la biblia, de la esclavización de nuestros mayores, de la humillación de sus pensamientos y saberes, de la perdida de muchas lenguas nativas, pero las comunidades siempre resistieron por la pervivencia, por la recuperación de tierras, de saberes y de autonomía.

El camino de 30 años de la Constitución Política y su reconocimiento de derechos de las comunidades originarias, para los pueblos indígenas ha sido cuesta arriba. Y lo ha sido porque  aunque los derechos han contado con desarrollo jurídico, nacional e internacional, desarrollados en el derecho propio, el articulado constitucional, la ratificación del Convenio 169 de la OIT por medio de la Ley 21 de 1991, legislación y jurisprudencia, en la práctica, se adolece de falta de disposición, eficacia, presupuesto y adecuación institucional, por ello el camino aún es largo y falta mucho trecho por recorrer. 

Las primeras organizaciones indígenas que ya existían antes de la constituyente y que aún se mantenían fortalecidas, se habían organizado desde sus plataformas de lucha, unas décadas atrás, el CRIC en 1971 y la ONIC en 1982, en donde los programas de lucha iniciales eran: 1. Recuperar las tierras de los resguardos; 2. Ampliar los resguardos; 3. Fortalecer los Cabildos; 4. No pagar terraje; 5. Dar a conocer las leyes sobre indígenas y exigir su aplicación; 6. Defender la historia, la lengua y sus costumbres; 7. Formar profesores indígenas; 8. Fortalecer las organizaciones económicas y 9. Proteger los Recursos Naturales. 

Estos mandatos, fueron agenda para la exigencia de derechos, pero la persecución a los pueblos indígenas y también a otros sectores sociales continúa, como cuando el 17 de mayo de 2006, el movimiento indígena, y delegados del movimiento campesino y afrodescendiente se encontraron concentrados por seis días en el Resguardo Indígena de La María (Municipio de Piendamó- Cauca), lugar declarado territorio de Paz, Diálogo y Negociación de la Sociedad Civil (1999), donde se llevaba a cabo una Cumbre Nacional Itinerante, y se exigían al Estado derechos al territorio, se abogaba por salidas negociadas al conflicto armado con los grupos insurgentes, rechazaban el TLC con los Estados Unidos de América y manifestaban su rechazo a las políticas de guerra del Presidente de turno, pero en respuesta fueron estigmatizados y atacados por parte del mismo gobierno nacional, a través del Escuadrón Móvil Antidisturbios ESMAD, donde fueron incinerados equipos de las emisoras indígenas, un periodista indígena detenido, más de 60 comuneros heridos, y el indígena del pueblo Nasa,  Pedro Mauricio Pascué, asesinado.

Las comunidades originarias han caminado la palabra por todo el territorio, en Bogotá o en las diferentes regiones, llamando a los gobiernos a cumplir los derechos, y la mayoría de las veces, luego de acudir a vías de hecho como toma de carreteras o bloqueos ante la desidia estatal, siendo generalmente víctimas de la violencia estatal por parte de la fuerza pública, y posteriormente en este marco en muchas ocasiones los gobiernos han tenido que firmar acuerdos con las comunidades indígenas, o en el marco de mesas creadas con el Estado como es la Mesa Permanente de Concertación Indígena MPC. 

Según el Informe de Justicia Económica y Redistributiva presentado por Akubadaura en 2020, entre 2002 y 2019 “El Gobierno Nacional ha suscrito 1582 acuerdos con los pueblos indígenas en el marco de la MPC, muchos de los cuales hacen parte de políticas públicas que, tienen un  porcentaje  de  implementación,  en  promedio,  correspondiente  al  3,9%,  evidenciando  unincumplimiento sistemático de aquellos acuerdos que en algunas oportunidades son promovidos por el mismo Ejecutivo.” Ver el informe.

En la actualidad, treinta años después, vemos que para que la Constitución Política de Colombia y sus derechos fundamentales, colectivos, sociales, culturales y ambientales se cumplan, se requieren esfuerzos y voluntades institucionales reales, para que la normatividad, jurisprudencia, y acuerdos con los pueblos indígenas y las organizaciones sociales, pasen a ser efectivos, y cese la estigmatización y vulneración de derechos al exigirlos, como se ha vivido durante el paro nacional durante 2021. La falta de garantías sólo deja múltiples daños y desesperanza en los pueblos indígenas y la sociedad en general, pues solo será el diálogo con garantías, el cumplimiento de lo pactado (para no hablar del capítulo étnico del Acuerdo de Paz porque ese es otro camino empedrado), como se pueda construir un país con buena vida para todas las personas, comunidades, territorios, intercultural, amplio y de verdadero estado social de derecho.  

*Rocío Caballero Culma, pertenece al pueblo Pijao, es abogada y coordina la línea de Acciones Jurídicas de Akubadaura.