¿Qué leyes se están debatiendo en Colombia que afectan los derechos de los pueblos étnicos?

Akubadaura publica en su tercer reporte del Observatorio Nacional de Consulta Previa Libre e Informada– ONCPLI, donde se hace el primer análisis de seguimiento a la agenda legislativa 2024-2025

En Colombia, el Congreso de la República discute decenas de proyectos de ley en cada periodo legislativo. Muchos de estos proyectos —aunque no lo digan de manera explícita— pueden tener impactos directos en los derechos de los pueblos indígenas, afrodescendientes, raizales, palenqueros y rom. Por eso es necesario observar, analizar y preguntar: ¿quién está legislando sobre nuestros territorios?, ¿qué temas se están priorizando?, ¿qué tanto se está cumpliendo con el derecho a la consulta previa?

Desde el Observatorio Nacional de Consulta Previa Libre e Informada (ONCPLI) de Akubadaura, se viene haciendo un seguimiento detallado a los proyectos que, por su naturaleza, deberían pasar por procesos de diálogo, consulta y concertación con los pueblos étnicos del país. El primer análisis de esta tarea, correspondiente a la legislatura 2024-2025, ya está disponible.

Entre julio de 2024 y julio de 2025, el Congreso tramitó 72 proyectos de ley con posibles afectaciones a derechos étnicos. De ellos, más de la mitad fueron archivados. Solo uno fue aprobado como ley: la creación de la cátedra de educación emocional en las instituciones educativas del país. Esta medida, si bien es positiva, plantea preguntas claves sobre su implementación en contextos de educación propia, especialmente con el reciente reconocimiento del Sistema Educativo Indígena Propio (SEIP) como política pública de Estado. ¿Cómo garantizar que esta nueva cátedra respete los marcos de autonomía, espiritualidad y cosmovisión de los pueblos indígenas?

El informe también analiza los temas que más concentraron la atención legislativa. Las categorías que agrupan los 72 proyectos incluyen medioambiente, salud, educación, justicia climática, participación política, derechos de las mujeres, territorio, jurisdicción indígena, economía, vivienda y cultura, entre otros. El reporte clasifica además el enfoque de cada iniciativa: 64 fueron interétnicas, 5 específicas para pueblos indígenas y 3 para comunidades afrodescendientes, raizales o palenqueras.

Desde Akubadaura, este ejercicio no busca juzgar ni señalar, sino contribuir a la comprensión del proceso legislativo como un terreno en disputa. La información que aquí se presenta puede servir como insumo para las autoridades étnicas, las organizaciones sociales y los entes gubernamentales que deben garantizar el cumplimiento de los principios de concertación y, cuando corresponda, la consulta previa libre e informada.

Este es el primero de varios reportes que el Observatorio compartirá a lo largo del nuevo periodo legislativo 2025-2026. Porque el derecho a decidir sobre lo que nos afecta empieza también por saber lo que se está decidiendo.

Vea el reporte completo AQUÍ