La Línea Negra, como concepto jurídico para reconocer el derecho de los pueblos Wiwa, Kankuano, Kogui y Arhuaco a mantener las relaciones con su territorio ancestral, existe desde hace 52 años, cuando se emitió la Resolución N°2 de 1973. En ella se reconoce un territorio delimitado no por límites físicos o gubernamentales sino por límites espirituales y sagrados que garantizan el equilibrio del mundo.
Es decir, la Línea Negra existe inclusive desde antes que Colombia adoptara la nueva Constitución de 1991, en la que se reconoció que somos una sociedad pluriétnica y pluricultural y en la que se avanzó en el reconocimiento de los territorios colectivos y gobiernos propios de comunidades étnicas, inicialmente reconociendo a los Resguardos indígenas como entidades territoriales y sembrando las semillas para que dos años después iniciara la titulación colectiva a comunidades negras.
Así, en la práctica, constituye, quizás, el avance más significativo en el reconocimiento de los derechos territoriales de comunidades indígenas en Colombia y en la articulación institucional entre las leyes del mundo indígena y las leyes del mundo occidental. Por eso preocupa la reciente nulidad del Decreto 1500 del 2018, que condensa décadas de trabajo en pro de la defensa de los derechos de pueblos indígenas.
La reciente nulidad que tuvo el Decreto 1500 del 2018 se sostiene, en resumen, en los siguientes argumentos:
- Falsa motivación por falta de cartografía: Se argumentó que al momento de expedir el decreto no existía el mapa cartográfico necesario para delimitar con precisión el territorio ancestral, lo que tergiversa su fundamento técnico.
- Vulneración de la autonomía territorial: El decreto ha generado impactos directos sobre el ordenamiento territorial de los departamentos de La Guajira, Cesar, Magdalena, Bolívar y Atlántico, e interfiere en las competencias que tienen gobernaciones y alcaldías para definir el ordenamiento territorial.
- Afectación a la seguridad jurídica: Algunos gremios económicos, sobre todo de los sectores de minería, construcción e hidrocarburos, exponen que la actual demarcación de la Línea Negra, que contiene 348 lugares sagrados, ha creado incertidumbre jurídica y administrativa, pues se exige garantizar procesos de consulta previa en un área demasiado extensa.
- Omisión de consulta previa con otros pueblos étnicos: Se argumenta que el Decreto 1500/2018 fue expedido sin haberse realizado procesos de consulta previa con comunidades indígenas del pueblo Wayuu y Chimila, y con comunidades de 18 Consejos Comunitarios.
- Exceso en la potestad reglamentaria: La demanda planteó que el Gobierno Nacional extralimitó sus atribuciones al modificar de tal manera la delimitación, afectando el desarrollo regional de los departamentos de Magdalena, Cesar y La Guajira. Asimismo, se señaló el menoscabo a la autonomía de las Corporaciones Autónomas Regionales y de los municipios para tomar decisiones ambientales relacionadas con decisiones de ordenamiento del territorio.
Si bien el Gobierno Nacional expresó que se adelantarán acciones jurídicas para firmar un nuevo Decreto que reconozca este territorio sagrado, el llamado que hacemos las organizaciones defensoras de derechos de los pueblos étnicos es a no abordar este asunto como algo meramente técnico, sino político. En el fondo, los argumentos que sustentan la nulidad parecen esconder la intención de revertir avances constitucionales en el reconocimiento de derechos culturales y autonómicos.
Esperamos que esta situación, en la que se demandan consultas previas y ajustes sobre la delimitación, manejo y uso del territorio demarcado por la Línea Negra, sirva para ampliar este territorio sagrado y no para reducirlo. Consideramos, además, que es una buena oportunidad para que dentro del debate jurídico que se está suscitando, se abra espacio a la discusión técnica y política sobre la manera en que el derecho fundamental a la consulta previa en Colombia se viene instrumentalizando a favor de intereses privados.
Esta discusión puede ser, ante todo, una oportunidad para que se amplíe la Línea Negra, se fortalezca el derecho ancestral de las comunidades indígenas y afro sobre su territorio y para conservar su integridad espiritual y ecológica, y no para retroceder en la garantía de los derechos ya alcanzados.