El 14 de marzo de 1997 se declaró el Día Internacional de Acción por los Ríos, como una forma concreta de visibilizar los daños ecológicos ocasionados por las hidroeléctricas y como una forma de organización para reclamar justicia y reparación por la manera en que intereses públicos y privados de desarrollo se han superpuesto y favorecido en detrimento de los derechos colectivos de comunidades en todo el mundo.
El caso de vertimiento de lodos de la Represa del Bajo Anchicayá (ubicada en uno de los ríos de Buenaventura) y su afectación a más de 6.000 personas de 11 Consejos Comunitarios, entre junio y julio de 2001, representa uno de los primeros casos de litigio ambiental en Colombia.
El evento ocurrió en 2001 y, hasta 2009, después de que las organizaciones comunitarias recolectaran pruebas y soportaran un proceso jurídico en desigualdad de condiciones, el Ministerio de Medio Ambiente emitió un fallo que obligó a la Empresa de Energía del Pacífico (EPSA) a pagar una multa y a llevar a cabo algunas actividades de restauración para mitigar los daños ocasionados a las comunidades afectadas por este vertimiento.
Este fallo a favor de las comunidades del Anchicayá fue demandado por la operadora EPSA. Tres años después, la Corte Constitucional dio respuesta a esta demanda a través de la Sentencia T-274 de 2012, en la cual se anulan la multa y las obras de reparación exigidas a la empresa en 2009, bajo el argumento de que la empresa, como una de las partes en el proceso jurídico, no tuvo la misma oportunidad que las comunidades de Anchicayá para mostrar sus propias pruebas sobre la afectación causada, habiendo una diferencia sustancial en la percepción, delimitación y valoración del daño ecológico entre las comunidades y EPSA. Esta sentencia obligó a que se realizara de nuevo la recolección de pruebas por ambas partes, después de 10 años de ocurrido el suceso de vertimiento de lodos sobre el río.
Finalmente, la Corte Constitucional, mediante la Sentencia Unificada SU-196 de 2023, les dio la razón a las comunidades negras del Anchicayá, reconociendo que hubo una vulneración de derechos por la gestión inadecuada de sedimentos de la represa. Esta vulneración de derechos se mantiene hasta el día de hoy, debido a que el riesgo de vertimiento sobre el río persiste, introduciendo así el concepto jurídico de “daño ambiental continuado”.
Con esta sentencia se ordenó una indemnización económica a las familias de los territorios colectivos del Anchicayá, el diálogo intercultural entre autoridades ambientales territoriales y los Consejos Comunitarios para la construcción y validación del Plan de Manejo Ambiental (PMA) de la hidroeléctrica, y proyectos de restauración ecológica en toda la cuenca.
Al día de hoy son pocas las fotos y documentos originales que conservan las comunidades sobre lo que fue ese suceso de 2001. Los materiales de archivo que pudieron recoger (principalmente fotos y grabaciones), en una época donde los celulares inteligentes no eran tan comunes como hoy, han ido quedando en los expedientes que hicieron parte de este proceso jurídico que duró más de 22 años.
La lucha constante de las comunidades del Anchicayá es un ejemplo claro de cómo funciona la justicia en Colombia cuando se han cometido violaciones de derechos ambientales en comunidades étnicas.
En el marco de este Día de Acción por los Ríos, les invitamos a ver la entrevista realizada a Silvano Caicedo, líder del territorio de Anchicayá e integrante de la Organización de Negros Unidos del Río Anchicayá (ONUIRA), una oportunidad de escuchar la voz de alguien que ha vivido en carne propia la transformación de su río y territorio.