La Comunidad de Juristas Akubadaura, representada por la directora Lina Marcela Tobón Yagarí, participó en el 70.º período de sesiones de la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer (CSW70) de las Naciones Unidas, celebrado del 9 al 19 de marzo en Nueva York. Durante este escenario multilateral, Akubadaura sostuvo una agenda de incidencia técnica y política enfocada en garantizar que la voz de las mujeres indígenas y sus sistemas de justicia propia sean integrados en las decisiones globales.
La CSW es el principal órgano internacional intergubernamental dedicado exclusivamente a la promoción de la igualdad de género y el empoderamiento de la mujer. Es el espacio donde las delegaciones oficiales de los Estados miembros negocian las recomendaciones y compromisos que orientan las políticas públicas a nivel mundial.
Para Akubadaura la importancia de participar en este espacio radicó en la capacidad de hacer visible la situación de las mujeres y niñas indígenas quienes no tienen garantías para el acceso a la justicia. En el documento de “Conclusiones Acordadas“, la Comisión enfatizó la necesidad de que la promoción, protección y respeto de los derechos humanos y libertades fundamentales de mujeres y niñas, incluido el derecho al desarrollo, son pilares universales e interdependientes. Estos elementos resultan fundamentales para su participación plena en la sociedad y su empoderamiento económico. Por ello, deben incorporarse en todas las políticas dirigidas a fortalecer el acceso a la justicia, promoviendo sistemas jurídicos inclusivos, eliminando leyes discriminatorias y enfrentando las barreras estructurales existentes.
En este marco, la directora de Akubadaura, como parte de la delegación regional de FOKUS en Latinoamérica, desarrolló una agenda estratégica que incluyó diálogos con la Cancillería de Colombia. En encuentros con la ministra Rosa Yolanda Villavicencio y la embajadora Leonor Zalabata, Akubadaura presentó recomendaciones técnicas sobre pluralismo jurídico y justicia económica. Asimismo, se articularon acciones con ONU Mujeres, el Foro Internacional de Mujeres Indígenas (FIMI) y Equality Now para fortalecer la vocería de los pueblos originarios y el litigio estratégico. Finalmente, la colaboración con el PNUD y la SEGIB permitió el lanzamiento de herramientas para medir el costo económico de la violencia de género, una plataforma clave para transformar la inversión pública en la región.
“Los estados deben dejar de legislar sin nosotras“, enfatizó Tobón Yagarí durante sus intervenciones, haciendo un llamado a crear directrices que garanticen una “justicia intercultural” y superen el racismo institucional que bloquea el acceso a los derechos de las mujeres indígenas.
En el marco de la CSW70, Akubadaura centró su incidencia en reivindicar a las mujeres indígenas no solo como víctimas, sino como actoras jurídicas fundamentales que lideran la justicia propia y económica en sus territorios. Para sostener esta labor, se exigió un modelo de financiación directa y flexible que llegue sin intermediarios a las comunidades indígenas, permitiendo un fortalecimiento real de su autonomía.
Por otro lado, la agenda técnica hizo énfasis en la urgencia de una justicia interseccional que reconozca a las autoridades indígenas como primeras respondientes en casos de violencia, eliminando los obstáculos entre sistemas judiciales. Esta apuesta se complementa con el llamado a erradicar el racismo estructural en Colombia, mediante la formación obligatoria de servidores públicos para asegurar que el acceso a la justicia respete la diferencia y la dignidad de los pueblos originarios.
La adopción de las Conclusiones Acordadas en la CSW70 marcó un hito de polarización política que rompió con la tradición histórica del consenso en las Naciones Unidas. Con un resultado final de 37 votos a favor, 1 en contra (Estados Unidos) y 6 abstenciones (incluyendo a Arabia Saudita, Egipto y Mali), la declaración logró salir adelante a pesar de los intensos desafíos diplomáticos.
Este escenario llevó a delegaciones como la de Noruega a celebrar la aprobación “por todas las mujeres y las niñas”, mientras lamentaban públicamente los intentos de debilitar el alcance del documento. La falta de unanimidad sostiene la brecha existente en la agenda multilateral.
A pesar de la resistencia, el documento final subrayó la urgencia de garantizar la participación plena de las mujeres y niñas indígenas en la toma de decisiones, reconociendo su rol fundamental como guardianas de los conocimientos tradicionales y la biodiversidad.
La aprobación de estas recomendaciones representa un respaldo institucional clave para organizaciones como Akubadaura. No obstante, el reto ahora reside en la realidad territorial: hacemos un llamamiento contundente al Estado colombiano para que garantice la adopción efectiva de estas recomendaciones, asegurando que el enfoque étnico y la protección de los derechos territoriales no se queden en el papel, sino que se conviertan en garantías de vida para las mujeres indígenas.