En el marco de este 9 de septiembre, cuando Colombia conmemora el Día Nacional de los Derechos Humanos (instituido por la Ley 95 de 1985), la situación de los derechos colectivos de los pueblos indígenas en el país continúa siendo motivo de profunda preocupación. Los más recientes informes de la CIDH y del Relator Especial sobre los derechos de los Pueblos Indígenas, José Francisco Calí Tzay, advierten que, si bien existen avances normativos y jurisprudenciales, las disposiciones legales y constitucionales aún enfrentan enormes barreras para materializarse y traducirse en garantías reales en los territorios. 

La situación de los derechos humanos de los pueblos indígenas en Colombia sigue siendo motivo de preocupación. Los más recientes informes de la CIDH y del Relator Especial sobre los derechos de los Pueblos Indígenas, José Francisco Calí Tzay, señalan que, pese algunos avances normativos y jurisprudenciales. las disposiciones constitucionales, legales y judiciales orientadas a proteger los derechos colectivos étnicos aún encuentran serias dificultades para hacerse efectivas en los territorios. 

Entre los avances reportados se encuentran la promulgación del Decreto Ley No. 481 de 2025, mediante el cual se reconoce el Sistema Educativo Indígena Propio como política pública; la expedición del Decreto 488 de 2025, a través del cual se regula el funcionamiento de las Entidades Territoriales Indígenas (ETI); la expedición de decisiones judiciales, por parte de la Corte Constitucional, protectoras de derechos fundamentales de sujetos colectivos étnicos y de sus derechos bioculturales. A pesar de ello, la evaluación de la vigencia real de las disposiciones constitucionales y legales no resulta alentadora. 

Implementación pendiente del Capítulo Étnico 

Uno de los principales desafíos identificados es la implementación del Capítulo Étnico del Acuerdo Final de Paz. Según la CIDH, solo el 13% de sus componentes ha alcanzado una implementación completa, mientras que el 74% presenta una implementación nula o mínima. 

Las brechas también se reflejan en los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET). De los 8.580 proyectos formulados con etiqueta étnica, únicamente 2.852 cuentan con Ruta de Implementación Activa, es decir, el 30%. Para los proyectos que no cuentan con iniciativa étnica, la proporción asciende al 53%. 

Aunque el Estado reportó avances en la adquisición y formalización de tierras, así como en algunos Planes Integrales de Reparación Colectiva, los informes llaman a acelerar las medidas de transformación territorial, garantizar la participación efectiva de los pueblos indígenas y fortalecer el enfoque étnico en los programas de sustitución de cultivos y desarrollo rural. 

Violencia, desplazamiento y confinamiento 

La persistencia del conflicto armado continúa afectando de forma desproporcionada a los pueblos indígenas. Desde la firma del Acuerdo de Paz se han documentado más de 2.335 hechos de violencia, con cerca de 310.000 víctimas indígenas. Entre los pueblos más afectados se encuentran el Wounaan, los pueblos Emberá —Chamí, Katío, Dóbida y Eyábida— y el pueblo Nasa. 

El desplazamiento forzado y el confinamiento siguen siendo expresiones críticas de esta situación. Entre 2016 y 2024 se registraron 1.545.731 personas desplazadas; en 2024, el 62% de las víctimas de desplazamiento tenía pertenencia étnica y el 33% pertenecía a pueblos indígenas. 

Durante el primer semestre de ese año se reportaron desplazamientos que afectaron, entre otros, a 8.000 personas Emberá, 1.200 personas Kogui, 371 personas Nasa y 258 personas Awá. Los hechos se concentraron especialmente en Nariño, Chocó, Cauca, Bolívar, La Guajira y Valle del Cauca, y estuvieron relacionados con economías ilícitas y actividades extractivas en los territorios. 

En materia de confinamiento, el registro oficial entre 2012 y 2024 asciende a 242.592 víctimas, de las cuales 134.118 son indígenas: el 55,29% del total. La CIDH ha llamado la atención sobre hechos registrados en municipios de Chocó y Catatumbo, mientras que el Relator Especial documentó casos en Nariño en los que la instalación de minas en territorios indígenas limitó durante días el acceso de las comunidades a agua, salud y alimentación. 

Liderazgos indígenas bajo amenaza 

Las autoridades, lideresas, líderes y personas defensoras de derechos humanos indígenas enfrentan un contexto de hostigamiento constante. Los informes señalan que las amenazas, los atentados y los asesinatos son utilizados para debilitar la organización comunitaria y las acciones de defensa de la vida, el territorio y la autonomía. 

En 2023 se registraron 33 asesinatos de líderes y lideresas indígenas. De acuerdo con información retomada por el Relator Especial, desde 2016 han sido asesinadas 320 personas indígenas líderes o lideresas, principalmente en Cauca, Chocó, Nariño y Putumayo. 

Estos hechos suelen estar precedidos por amenazas mediante panfletos, llamadas, mensajes intimidatorios e, incluso, actos simbólicos como el envío de coronas fúnebres. El uso de artefactos explosivos y los atentados contra autoridades y resguardos indígenas profundizan el riesgo en los territorios. 

Barreras para acceder a la justicia 

La violencia se agrava ante las limitaciones para acceder a la justicia. Los informes destacan barreras lingüísticas, culturales y geográficas, la ausencia institucional en zonas rurales y afectadas por el conflicto, la revictimización y la estigmatización de las personas desplazadas. 

Los obstáculos son especialmente visibles en departamentos como Amazonas, Chocó, Nariño y Putumayo. A esto se suma la falta de una ley de coordinación entre la jurisdicción ordinaria y la Jurisdicción Especial Indígena, una medida necesaria para fortalecer las garantías de los pueblos indígenas y de sus autoridades propias. 

La impunidad es otro de los factores señalados. Entre 2016 y 2021, organizaciones de la sociedad civil reportaron que solo el 25% de 417 casos de asesinatos de personas defensoras llegó a etapa de juicio y que 67 concluyeron con sentencia. En los casos que involucran víctimas indígenas, la impunidad alcanza el 90%. 

Las mujeres indígenas también enfrentan riesgos particulares de violencia sexual y violencias basadas en género, acompañadas con frecuencia de amenazas, dificultades de acceso a la justicia e impunidad. Si bien se han informado iniciativas para fortalecer la justicia étnica y diseñar lineamientos con enfoque étnico para la atención de estas violencias, el reto sigue siendo garantizar respuestas efectivas, culturalmente pertinentes y oportunas. 

Un llamado a respuestas integrales 

La CIDH y el Relator Especial coinciden en que el racismo, el patriarcado y el clasismo son factores estructurales que agravan los impactos de la violencia sobre los pueblos indígenas. Por ello, instan al Estado colombiano a implementar las recomendaciones del Informe Final de la Comisión de la Verdad, agilizar el cumplimiento del Capítulo Étnico del Acuerdo de Paz y adoptar políticas públicas territoriales, interseccionales y participativas. 

Entre las medidas prioritarias se encuentran la asignación de recursos suficientes para cumplir las órdenes de la Corte Constitucional y del Sistema Interamericano; el fortalecimiento de la atención a víctimas de desplazamiento y confinamiento; el impulso de estrategias de seguridad colectiva y mecanismos de autoprotección, como la Guardia Indígena; la adopción de la ley de coordinación jurisdiccional; y la adecuación cultural de los procedimientos judiciales. 

Garantizar los derechos de los pueblos indígenas exige que los avances normativos se traduzcan en protección real, acceso efectivo a la justicia y condiciones dignas para ejercer la autonomía, defender el territorio y preservar la vida colectiva.