En las últimas décadas, vienen presentándose dos procesos paralelos en América Latina. A partir de los años noventa del siglo XX, se ha promovido la inversión privada en la extracción intensiva de recursos naturales como parte del modelo de desarrollo económico en la región. La expansión de dicho modelo ha sido facilitada por diversos mecanismos como privatizaciones, exenciones tributarias y exibilización del licenciamiento ambiental. Una omisión que incide en esas políticas es la ausencia de  scalización y supervisión estatal. En el marco de un modelo económico dependiente de la exportación de recursos naturales, la industria extractiva ha entrado en un nuevo ciclo de expansión que se ha acompañado de la capacidad cada vez más pronunciada de las empresas transnacionales de incidir en procesos políticos domésticos.

Paralelamente, en varios países de la región ha tenido lugar el reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas. En el ámbito internacional, se ha dado la incursión de los pueblos indígenas y su agenda de derechos, como producto de múltiples y largos procesos de reivindicación de su libre determinación. Estos esfuerzos se han concentrado, en el plano universal, en la adopción del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo sobre Pueblos Indígenas y Tribales de 1989 (en adelante, también “Convenio 169 de la OIT” o “Convenio 169”), y en la Declaración de los Derechos de los Pueblos Indígenas de las Naciones Unidas, adoptada por la Asamblea General en septiembre de 2007 (en adelante, también “DNUPI” o “Declaración de la ONU sobre Pueblos Indígenas”). En el continente americano, el reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas se ha consolidado con el desarrollo de estándares por parte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (en adelante, también “Comisión Interamericana” o “CIDH”) y de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (en adelante, también “Corte Interamericana” o “Corte IDH”). En los instrumentos internacionales referidos y en los pronunciamientos de los órganos del Sistema Interamericano, se ha otorgado un lugar central al derecho a la consulta y consentimiento previo, libre e informado de los pueblos indígenas.

Estos procesos, en constante tensión, han supuesto para los Estados de la región importantes desafíos vinculados a su obligación de adaptar sus ordenamientos internos a los estándares internacionales, lo que en última instancia exige compatibilizar obligaciones de derechos humanos con intereses corporativos. Una expresión común de esta tensión es que, junto con la implementación de proyectos extractivos, se han producido numerosos con ictos sociales con pueblos, comunidades y en general poblaciones locales, cuyos derechos e intereses se ven afectados cuando no se respetan sus tierras y los recursos naturales que en ellas se encuentran. La falta de atención a los reclamos y el desinterés mostrado, en ocasiones, por las autoridades nacionales, han hecho que algunas de estas situaciones desencadenen lamentables episodios de violencia. El desarrollo de proyectos de este tipo ha traído muchas veces la división de comunidades, la corrupción de autoridades y dirigentes locales, la criminalización de líderes y lideresas indígenas o de defensores y defensoras de derechos humanos, e incluso la muerte de quienes se oponen a su ejecución. Estas afectaciones son particularmente profundas en los escenarios en que tales proyectos se desarrollan en tierras y territorios históricamente ocupados por pueblos indígenas y tribales.

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