La primera década del milenio probablemente será recordada en América Latina por el crecimiento económico y la reducción sin precedente de la desigualdad1. Más de 70 millones de personas lograron salir de la pobreza gracias a una combinación de vientos a favor en la economía y la implementación de importantes políticas redistributivas. En este período de crecimiento y prosperidad, que algunos ya denominan la “década dorada”, la experiencia de los indígenas latinoamericanos fue diferente, con resultados desiguales y, con frecuencia, contrapuestos.

La década coincidió con el  n del Primer Decenio Internacional de Naciones Unidas para los Pueblos Indígenas del Mundo (1995–2004) y gran parte del segundo (2005–2014), durante los cuales se fortaleció la posición de los pueblos indígenas como actores importantes en la vida política y social de la región. De los 22 países que han rati cado el Convenio No. 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), 15 están en América Latina y, gracias a la tenacidad de sus movimientos sociales, muchos países han sancionado leyes y reglamentaciones especiales para proteger y promover los derechos de los pueblos indígenas. Si bien, en la práctica, muchos de estos marcos normativos aún están en una etapa de ensayo y error, las señales son ciertamente alentadoras.

La concertación de tratados internacionales y declaraciones que rea rman las aspiraciones de los pueblos indígenas en materia de autodeterminación han estado acompañadas por su creciente participación en la vida política de la región. En la actualidad, la participación política de los pueblos indígenas tiene lugar a nivel de los parlamentos locales o nacionales, en los municipios e, incluso, en los niveles más altos del poder estatal, y sus líderes tienen una activa participación en partidos políticos nacionales o han creado sus propios partidos. Hoy existen partidos indígenas muy in uyentes en Bolivia y Ecuador y, en menor proporción, en Venezuela, Colombia y Nicaragua. La participación por la vía electoral permite a los pueblos indígenas elevar sus agendas a los debates centrales del desarrollo, incrementando con esto su incidencia dentro de los Estados. De igual modo, estas olas de reforma han reforzado la implementación de instrumentos que promueven la participación y la toma de decisiones a nivel local, como el Consentimiento Libre, Previo e Informado. En la región, ya no es relevante preguntarse si los pueblos indígenas deben ser involucrados en la toma de decisiones sobre cuestiones que inciden directa o indirectamente en sus vidas y bienestar, las preguntas relevantes son cómo y cuándo.

También se han registrado mejoras socioeconómicas. La región ha realizado avances en términos de reducción de la pobreza que bene ciaron a los pueblos indígenas. El porcentaje de hogares indígenas que vive en la pobreza disminuyó en Perú y Bolivia, mientras que la proporción de los que viven en pobreza extrema se redujo en Bolivia, Brasil, Chile, Ecuador y Perú. La brecha salarial disminuyó en las zonas urbanas de Bolivia y Perú, aunque subsisten grandes diferencias en las zonas rurales y dentro de los hogares indígenas, si se toman en cuenta cuestiones de género, por ejemplo. La educación primaria ha alcanzado la mayor parte de los territorios indígenas, lo que probablemente constituye uno de los logros más importantes y claros de las últimas décadas; de hecho, en algunos países —Ecuador, México, Nicaragua— la brecha entre niñas y niños indígenas y no indígenas se ha cerrado. De igual modo, el acceso a electricidad, agua corriente y servicios de saneamiento ha mejorado, en diverso grado, en toda la región. Por lo tanto, es evidente que el contexto económico favorable, combinado con las políticas correctas, ha generado bene cios económicos y cambios positivos.

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