En las últimas décadas, vienen presentándose dos procesos paralelos en América Latina. A partir de los años noventa del siglo XX, se ha promovido la inversión privada en la extracción intensiva de recursos naturales como parte del modelo de desarrollo económico en la región. La expansión de dicho modelo ha sido facilitada por diversos mecanismos como privatizaciones, exenciones tributarias y exibilización del licenciamiento ambiental. Una omisión que incide en esas políticas es la ausencia de  scalización y supervisión estatal. En el marco de un modelo económico dependiente de la exportación de recursos naturales, la industria extractiva ha entrado en un nuevo ciclo de expansión que se ha acompañado de la capacidad cada vez más pronunciada de las empresas transnacionales de incidir en procesos políticos domésticos.

La primera década del milenio probablemente será recordada en América Latina por el crecimiento económico y la reducción sin precedente de la desigualdad1. Más de 70 millones de personas lograron salir de la pobreza gracias a una combinación de vientos a favor en la economía y la implementación de importantes políticas redistributivas. En este período de crecimiento y prosperidad, que algunos ya denominan la “década dorada”, la experiencia de los indígenas latinoamericanos fue diferente, con resultados desiguales y, con frecuencia, contrapuestos.

Los países de América Latina del siglo XXI están experimentando una profundización de sus democracias, proceso que va de la mano con la reflexión y mirada crítica al desarrollo y con el creciente convencimiento de que este debe centrarse en la igualdad con una perspectiva de derechos. Esto supone enfrentar las desigualdades que persisten en la región, en particular aquellas que afectan a los pueblos indígenas, que han sido históricamente excluidos y discriminados. Conlleva, además, garantizar el igual disfrute de los derechos humanos de las personas indígenas y, al mismo tiempo, el derecho a ser colectivos diferentes. Este siglo se inicia con el reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas y su innegable protagonismo en las agendas nacionales e internacionales.

En América Latina, el camino hacia la igualdad no puede recorrerse sin la visibilidad y la participación efectiva de aquellos grupos y personas que secularmente han sido excluidas y discriminadas, tal como ocurre con las mujeres indígenas. El progreso hacia la plena igualdad y el ejercicio de los derechos sin restricciones es una condición necesaria para profundizar las democracias del siglo XXI. De hecho, solo así se podrán alcanzar democracias que legítimamente valoren la diversidad, que en el caso de las mujeres indígenas se expresa en su pertenencia a más de 670 pueblos reconocidos por los Estados de la región.